Comprendo que es un problema difícil de resolver. Comparto que desde el año 1990 no se ha dado respuesta al problema. Pero afirmo que nos encontramos ante la peor situación para las administraciones públicas de Navarra en estos 35 últimos años. Más allá de leyes desatinadas, recursos ante el Tribunal constitucional, recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y la complicadísima e injusta situación personal que están viviendo todos los afectados, quiero centrar el objeto de mi análisis en las entidades locales afectadas.

La ley establece una habilitación nacional para los secretarios e interventores del régimen común. Por lo tanto, existe una especie de cuerpo de secretarios, examinados y aprobados mediante oposiciones en el estado, de tal suerte que, si una entidad local se quedara sin estas personas que ocupan puestos de trabajo necesarios, es el propio estado quien suple la plaza y soluciona el problema.

No es el caso de Navarra. Nuestras competencias históricas, confirmadas y reflejadas por el amejoramiento del Fuero, nos otorgan competencia propia, en concreto al Departamento de Administración Local, para otorgar las habilitaciones, cosa que no ha hecho en 35 años, haciendo que la inmensa mayoría del colectivo de secretarios de Navarra sea un colectivo interino, anormalidad manifiesta para puestos de creación necesaria.

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A lo largo del tiempo, esta falta de secretarios se ha resuelto de forma provisional de distintas formas, entre ellas, tal vez la menos mala, con la creación de unas listas por el propio Gobierno compuesta por las personas que aprobaron el correspondiente examen. Estas personas fueron cubriendo bajas, jubilaciones e incluso vacaciones, y obtuvieron en muchos casos una experiencia reseñable. Además de estas personas, se encuentran los profesionales que superaron unas pruebas del propio Ayuntamiento, que, como ocurre con las listas, no otorgaba la habilitación para ejercer más que de forma provisional o interina. En los últimos años, los problemas se han agravado. Muchos afectados, lógicamente, puesto que su futuro estaba en juego, recurrieron a permisos para estudiar en las pruebas convocadas, quedando temporalmente vacante la plaza en el Ayuntamiento donde prestaban servicios, que tuvieron que cubrir este importante contratiempo como pudieron, hasta que llegó el momento en que todas las listas de la administración se agotaron.

Ocurre ahora que, si un secretario o interventor cae de baja, o solicita un permiso, o quiere disfrutar de unas vacaciones, por regla general se tardarán entre uno y dos meses en cubrir su puesto. Y cuando se haga, las personas que ocupen el puesto serán, en muchas ocasiones, nobeles en esas funciones, mientras que los puestos necesarios en la administración local requieren cada día de una mayor y mejor especialización, tanto profesional, como técnica, como manejo de programas específicos, y nada sencillos, del sector.

Por ponerles un ejemplo, puedo hablarles de un ayuntamiento que en este momento tiene de baja a secretario e interventor. Ha tardado dos meses en cubrir la plaza, ya que, a pesar de tener elaboradas hace un año unas listas, nadie aceptó el llamamiento. Ustedes no saben lo que supone para un alcalde estar dos meses sin secretario, o contar con un secretario sin experiencia, lo cual, dicho sea de paso, no es culpa ni del secretario ni del alcalde. Añadan esa circunstancia a que el municipio tienen el considerable tamaño de unos cinco mil habitantes, y una situación económica calamitosa. Sumen que los expedientes deben ir informados, y en muchos casos, ser tramitados, por un secretario. 

¿ Qué hace este alcalde o alcaldesa? Asumir unas ingentes responsabilidades, sufrir una inseguridad jurídica desesperante y no poder desarrollar su labor y papel, que ha de limitarse a la dirección política del consistorio.

Un alcalde o alcaldesa, en el ejercicio de su cargo, tiene derecho al asesoramiento jurídico y económico, a que otros tramiten los expedientes que ella ordena, y a que se los tramiten en tiempo y forma, y esto, que parece básico, no está ocurriendo en muchos municipios de Navarra por falta de profesionales preparados, mientras que un número considerable de profesionales preparados no pueden tomar posesión de su plaza. Es el propio sistema de la administración pública local la que está en juego. Luego, que nadie pida responsabilidades a estos alcaldes que viven en una situación de estrés injusto e inasumible. El Gobierno de Navarra debe crear, mantener y gestionar su propio cuerpo de secretarios habilitados, formarlo y gestionarlo, de tal forma que una baja, o una necesidad en cualquier ayuntamiento pueda cubrirse de forma inmediata de forma excelente. Es lo que los alcaldes necesitan. Es lo que los ciudadanos merecen. Es lo que la lógica nos dicta.

Vaya mi reconocimiento y empatía con todos los alcaldes y alcaldesas, de uno y otro partido, que están sufriendo esta situación actualmente. Al final, la negligencia de algunos, la pagan todos.

Juan Frommknecht Lizarraga. Abogado y concejal de UPN en Echarri Aranaz