Según datos del Ministerio de Educación, en España hay 9.317 colegios concertados. De ellos, 57 están en Navarra. Sobre este tipo de colegios penderá la espada de Damocles a partir del año próximo si sale adelante una proposición no de ley que acaba de presentar en el Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario Sumar.

En ella se propone suprimir progresivamente los conciertos educativos, mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados concertados en una red escolar pública única. En la exposición de motivos, se aduce que los centros concertados levantan barreras de entrada, sobre todo con la religión católica como ideario excluyente. Se sabe por otras fuentes que la mencionada integración no será ni voluntaria ni negociada; será una eliminación de los colegios concertados retirando la financiación pública gradualmente, asfixiándolos económicamente hasta que desaparezcan por inviabilidad económica.

Este plan es una reedición de la agenda radical que impulsó Pablo Iglesias en su día, con objeto de convertir todo el sistema educativo en instrumento de control ideológico. Es un nuevo ataque a la educación libre y plural mediante una maniobra de ingeniería social disfrazada de reforma educativa, según un modelo inspirado en regímenes totalitarios. Esa propuesta atenta contra la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución española, que garantiza el derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos, así como la libertad para escoger escuelas distintas de las escuelas públicas. Los dirigentes de Sumar aspiran a una escuela neutra, sin ser conscientes de que es algo contradictorio: optar por ella supone siempre elegir, determinarse por un tipo muy concreto de educación. La quimera de la educación neutra en la práctica es una falacia, puesto que detrás de cualquier modelo educativo subyace siempre un código ético. La razón principal de este ataque a la educación concertada es que gran parte de estos centros son católicos. El hecho de que la concertada le ahorre al Estado más de 5.000 euros por alumno al parecer es irrelevante.