La compensación del Gobierno
La compleja fórmula para la quita de deuda hecha pública por la titular de Hacienda denota que ha sido diseñada para responder a la contestación generada por las reclamaciones del independentismo
Publicado el 26/02/2025 a las 05:00
La vicepresidenta María Jesús Montero, presentó este martes la propuesta de condonación de parte de la deuda de las autonomías de régimen común que llevará hoy miércoles a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiero. Evidenciando que la iniciativa parte del acuerdo alcanzado por el PSOE con ERC a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.
Montero explicó la quita como una decisión de justicia por parte del Gobierno central respecto a las cargas financieras que las comunidades tuvieron que asumir a causa de la crisis desatada a nivel global a partir de 2007.
Es poco creíble que el Ejecutivo tuviera entre sus planes compensar así a todas las autonomías, con excepción de las de régimen foral, Navarra y el País Vasco, cuando tras las generales de julio de 2023 suscribió un pacto de condonación de la deuda catalana. Navarra ya ha anunciado que llegado el momento buscará el mayor beneficio en el marco del Convenio.
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La alambicada fórmula que la titular de Hacienda hizo pública denota por sí misma que ha sido diseñada para responder a la contestación generada por las sucesivas reclamaciones y anuncios del independentismo. Aunque este martes una parte de éste -Junts- optó por mostrar públicamente su descontento ante la quita concedida a Cataluña, insistiendo en que aquella autonomía necesitaría una de 73.000 millones.
Al tiempo que Andalucía pasaría a ser la comunidad con una mayor deuda condonada.
La negativa de Feijóo a aceptar un remedo que alivia la situación financiera de las administraciones territoriales, pero que podría posponer durante todavía más tiempo la actualización del modelo de financiación autonómico, sitúa a las comunidades del PP en una difícil tesitura. Lo que sin duda busca también el Gobierno.
Pero la conversión de la propuesta en un proyecto legislativo que cuente con la anuencia de las Cortes Generales está todavía por ver. Además, la singularidad reclamada por el independentismo catalán difícilmente puede compadecerse con la generalización de la quita a las autonomías de régimen común.
