Diario de Navarra

La Cámara de Comptos ha puesto los puntos sobre unas íes que tradicionalmente la mayoría de partidos políticos y entidades de diversa índole han preferido calvas para no meterse en berenjenales. El organismo fiscalizador ha detectado “debilidades e incumplimientos” en el sistema de la Renta Garantizada en Navarra. Esto, pese a ser únicamente una síntesis, ya dice bastante. Algo más de 35.000 personas recibieron la Renta Garantizada en el último ejercicio completo contabilizado, lo que implicó un gasto de 105 millones de euros para el Gobierno foral. Además, hubo 15.800 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, gestionado por Navarra desde 2022 aunque la prestación es del Estado, con un coste de 50 millones. Un 28% de quienes ingresan la primera cobran también el segundo. La fotografía es la expuesta. Su contracara, incumplimientos en cinco de las ocho obligaciones que tienen las familias para poder percibir la Renta Garantizada. Comptos los ha detallado negro sobre blanco. Por ejemplo, en relación al requisito de mantenerse disponible para el empleo, constata que el control mensual del departamento de Derechos Sociales “resultó inefectivo”. O, por ejemplo, que “no se controla de manera adecuada” que quien cobra la ayuda reside en Navarra. O, por ejemplo, que “no consta” si quienes acuden a las ofertas de empleo, “el 78% de quienes las reciben”, las aceptan o no. Entre 2019 y 2023, la Policía Foral efectuó más de 700 inspecciones a familias perceptoras de la renta, tras recibir denuncias o tener indicios de incumplimientos que se acabaron confirmando en tres de cada cuatro casos. Sumaron 15 millones de euros. Algo no funciona y el análisis de Comptos lo ha enseñado sin cortinas. Ahí está el dato de que sólo un 13% de los perceptores deja la ayuda por el empleo, por lo que la fiscalización ha recomendado que se intensifiquen las acciones para la entrada al mercado laboral. Hasta el Gobierno de Navarra es consciente de las grietas y ya ha anunciado que pretende reformas en el sistema de la Renta Garantizada. O mejor escrito: no el gobierno en su totalidad, sino uno de los partidos que lo integran. Y ahí empiezan los problemas. Al PSN sus socios ya le han señalado los límites del redil. Geroa Bai avisa de que no consentirá cambios en el modelo que aprobaron en 2016, cuando presidía Uxue Barkos, o Bildu avanza su ‘no’ a endurecer las condiciones de la renta porque “es lo que pretenden las derechas”. Enseguida se le ponen etiquetas a quien osa cuestionar aspectos de la Renta Garantizada. El antecedente más sonoro lo protagonizó el presidente del sindicato UAGN, Félix Bariáin, al denunciar en 2018 que la prestación provoca que no haya mano de obra en el campo porque hay inmigrantes que prefieren no trabajar antes que perder la ayuda. “Con dinero de todos los navarros están comprando votos”, llegó a afirmar. Y le cayó granizo. “No vamos a permitir que la ultraderecha avance en Navarra”, le replicó Barkos. También en 2018, la actual presidenta María Chivite, entonces en la oposición, sostenía que la inserción laboral de los perceptores de la renta “no funciona bien”. Cuando hoy UPN asegura lo mismo, los socialistas le acusan de lanzar bulos. El debate pide calma. Hay que abrigar a las personas que lo necesitan. La sociedad, no ya tanto por avanzada sino por consciente de que nadie sabe qué lugar le deparará mañana el destino a cada cual, no puede dejar a la deriva a quienes por sí solos ni rozan las condiciones para una vida digna. Al mismo tiempo, los fondos públicos requieren de una vigilancia que vele por su eficacia. Cualquier política social acaba siendo insostenible si se eterniza como un mero reparto de dinero sin una meta marcada, que en el caso de la Renta Garantizada es (o debe ser aunque parece que algunos lo olvidan) dar cobertura hasta que los perceptores obtengan pronto un trabajo con el que ganar su propio salario. O sea, su autosuficiencia. Esto no es aporofobia, fobia a las personas pobres o desfavorecidas; ni xenofobia, fobia a los extranjeros. Se llama sentido común.

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¿Y si no es aporofobia ni xenofobia, sino sentido común?

En 2018, desde entonces tampoco ha llovido tanto, la hoy presidenta María Chivite sostenía que la inserción laboral de los perceptores de Renta Garantizada “no funciona bien”. Cuando ahora UPN asegura lo mismo, el PSN le acusa de lanzar bulos

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