Tras colonizar las instituciones en su alocada huida hacia adelante en esta legislatura endiablada, un PSOE rendido al ‘sanchismo’ ya muestra con descaro la nueva pieza que quiere batir: el poder judicial. 

Porque no puede entenderse de otra manera la propuesta de ley para limitar la acusación popular y suprimir el delito de ofensas religiosas que presentó este viernes Patxi López, portavoz socialista en el Congreso. 

El antaño lehendakari dice que la normativa orgánica nace “frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”. En román paladino actual: el Lawfare que sus socios de Podemos, Bildu, ERC y demás nacionalistas tanto gustan mentar en sus declaraciones. 

Sin embargo, a pocos se escapa que esta es una ley diseñada con fechas, nombres y apellidos propios. A saber: Begoña Gómez, David Sánchez, Koldo García o Álvaro García Ortiz. Mujer, hermano, escolta y fiscal general, respectivamente, del presidente del Gobierno. 

Todos investigados en casos penales que Moncloa busca desactivar con una normativa que, de salir adelante, tendría carácter retroactivo. Aunque en menor escala, se repetiría el rosario de reducciones de penas y excarcelaciones de delincuentes sexuales que trajo la desastrosa 'Ley de Sólo Sí es Sí'. 

La iniciativa parlamentaria recoge que se inadmitan querellas que se basen en recortes de prensa, impide que los partidos políticos, asociaciones o fundaciones vinculadas a ellos puedan ejercer la acusación particular y, de guinda, facilita la recusación de jueces que realicen declaraciones de contenido político. El mismo PSOE que dice velar por la democracia y libertad de expresión, la amordaza si viste toga. 

Es cierto que el PP quiso impulsar una normativa similar en 2017, cuando eran los populares los que sorteaban escándalos de corrupción. Ni valía entonces, ni vale ahora que el foco está en los socialistas. 

Una ley que desde las asociaciones de jueces, todas, incluidas las progresistas, tildan de inconstitucional: “Tiene apariencia de haber sido concebida para su específica aplicación a casos concretos y buscar la impunidad”. Todo dicho. El PSOE quiere su propia amnistía. Otra cosa es que se la apoyen. De momento, Sumar y Podemos, dicen no.