Si algo hemos aprendido de la devastadora Dana es que las catástrofes suceden aunque no queramos, llegan de improviso y más vale estar preparados de antemano. Por ello, ante la escalada de tensión en la guerra de Rusia contra Ucrania, urge profundizar el debate público sobre Defensa. Nuestro país es muy pacífico por razones geográficas e históricas, pero debe prepararse para mitigar las consecuencias de una emergencia militar. Y la gran pregunta, que no debemos evitar, es qué debería hacer España si Putin ataca abiertamente y declara la guerra a un estado miembro de la OTAN o de la Unión Europea.

Desde el punto de vista jurídico, la respuesta es clara. Estaríamos obligados a apoyar a los estados directamente afectados, siendo los bálticos y Polonia los primeros en ser atacados previsiblemente. Esta es nuestra obligación bajo las cláusulas de defensa mutua que hemos firmado tanto en la OTAN (artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte) como en la UE (artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea). Llegaría por tanto el momento en el que el Gobierno de España tendría que tomar una decisión, que debería ser consultada y acordada con la Oposición. Ahí habría dos alternativas. La primera sería ignorar nuestras obligaciones y rechazar el apoyo debido, tratando de justificar imaginativamente por qué España no hace lo que se comprometió a hacer. Esto acarrearía una tremenda pérdida de confianza internacional durante décadas y supondría la muerte de ambas organizaciones, al menos para nuestro país. La segunda sería cumplir con nuestro deber. Esto podría suponer en un primer momento apoyar indirectamente a los afectados mediante ayuda militar, económica o de inteligencia. No obstante, nuestra relación con los estados agredidos y la propia naturaleza del conflicto, que acabaría seguramente afectándonos militarmente en territorio nacional o en las bases exteriores en las que el Ejército español colabora, nos obligaría a involucrarnos directamente y enviar tropas sobre el terreno.

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En este escenario de intervención militar, ciudadanos españoles de todos los colores políticos han comenzado a expresar su natural preocupación. Este miedo legítimo llega a concretarse, en el caso de las posturas más extremas, en el rechazo a permanecer en la OTAN e incluso en la UE. Como mucho, España debería centrarse exclusivamente en las cuestiones geopolíticas más inmediatas, argumentan. Principalmente, las tensiones con Marruecos. No deberíamos intervenir en un conflicto bajo ninguna otra circunstancia, ni siquiera si Rusia invadiera países en la parte oriental del Viejo Continente.

Este argumento, que es totalmente comprensible, supone en realidad volver a la política exterior franquista: básicamente, que España sea un pedazo de una esquina sur de un apéndice occidental del continente euroasiático que dedica toda su acción exterior a disuadir a un país africano medio de que le invada dos enclaves menores. En otras palabras, asumir que los años de influencia de España ya fueron y retirarnos de la escena no ya mundial sino europea. Vivir en nuestro rincón, ajenos al mundo, aguantando los tremendos efectos negativos que la guerra en la UE traería, como movimientos masivos de refugiados o crisis económicas, pero pretendiendo que no pasa nada más allá de los Pirineos. Renunciar, en definitiva, a ser alguien en Europa.

Esta posición de aislamiento va contra la mejor tradición tanto conservadora como progresista. Por un lado, no es conservadora porque renuncia a conservar el que es probablemente el mejor legado de Occidente a la humanidad: un sistema internacional basado en el respeto por los derechos humanos, la cooperación multilateral y la resolución pacífica de las disputas mediante normas e instituciones. Sistema al que, además, España contribuyó de forma decisiva gracias a la obra que los teólogos de la Escuela de Salamanca dejaron escrita durante décadas denunciando los abusos de la conquista. Por otro lado, esta posición no es progresista porque renuncia a desarrollar y promocionar este legado en el exterior. Sin una defensa firme, el mundo jamás hubiera conocido una expansión de las libertades tan grandes como la que ahora algunos sátrapas pretenden revertir. Y, aunque dicha defensa suponga grandes costes inmediatos, los beneficios resuenan durante siglos. A Estados Unidos, recuerden, le costó una guerra civil abolir la esclavitud.

Claudicar ante las amenazas de tiranos nunca funcionó. Piensen, por ejemplo, en la fracasada política de apaciguamiento hacia Hitler durante los años treinta. Creer que una Rusia a la que no se le paran los pies si ataca a la Unión dejará de expandirse geopolíticamente es sencillamente ingenuo. España ya padeció presumiblemente su interferencia durante los años del proceso catalán y los ataques no convencionales contra nuestro país no irían más que en aumento. La migración, los recursos naturales, el daño a infraestructuras, los jaqueos, el soborno a nacionales, las noticias falsas o la intervención electoral serían armas cada vez más utilizadas por una Rusia empoderada frente a una España aislada del resto de vecinos europeos. Esperemos que la diplomacia y el sentido común eviten llegar hasta tal extremo. Personalmente, creo que la probabilidad de guerra directa es todavía baja; pero mayor de la que nos hace sentir cómodos. Por ello, tenemos que empezar a tener conversaciones serias sobre Defensa y preparar planes de contingencia, como ya tienen o están realizando otros países. Una sociedad adormecida es el caramelo con el que sueña cualquier autócrata con ganas de expansión.

David Garciandía Igal. Doctorando y profesor de Derecho de la UE en la Universidad de Oxford