Agilidad, acelerar la innovación y apuesta presupuestaria para reindustrializar Navarra

Casi 18 meses para obtener una licencia de obra -cuando el plazo legal es tres- o 26 meses para una declaración de impacto ambiental. Las empresas del sector industrial se quejan de que esta lentitud compromete muchas de sus inversiones. En AIN estamos en contacto permanente con el sector, escuchamos sus necesidades, y todos coinciden en la urgencia de reducir trámites.

Un estudio reciente del Real Instituto Elcano sobre la facilidad o dificultad de cumplir con las regulaciones y normativas gubernamentales a la hora de emprender refleja una realidad que no sorprende, pero que no deja de ser preocupante: en una escala de 1 (menos) a 7 (más) de facilidad de cumplimiento, España arroja uno de los peores resultados (3,2), por debajo de la media de la Unión Europea (3,8).

Navarra, en gran medida, debe su actual calidad de vida al Programa de Promoción Industrial (PPI) de 1964, que buscaba favorecer las inversiones y la industrialización de Navarra. Ese plan transformó una comunidad casi exclusivamente agrícola en otra industrial. Cuando se cumplen sesenta años de aquel legendario PPI, el sector industrial supone 31% del PIB de Navarra y da empleo a 71.000 personas. Al nivel de Alemania y, desde luego, muy por encima de la media española. 

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Uno de los factores principales del éxito logrado por el PPI fue la agilización administrativa, que permitió conceder con rapidez y seguridad jurídica los permisos, licencias y ayudas que permitían comenzar una actividad empresarial e industrial. No sólo eso: se facilitaban terrenos a los interesados y se ofrecían ayudas fiscales, siempre ligadas a la inversión y a la creación de empleo.

Seis décadas después, la lentitud burocrática vuelve a ser un impedimento para la industria en Navarra. Con un problema añadido. En un mundo globalizado, los países y las regiones compiten por atraer a las empresas a su territorio y, así, mantener o mejorar su estatus. Europa va con retraso. En la actualidad, y por esta razón, está inmersa en un proceso de reindustrialización para poder ser de nuevo competitiva. Navarra no es ajena a esta situación. Y, aunque su posición industrial hasta ahora es buena, necesita tomar decisiones para continuar siendo competitiva y objeto de futuras inversiones. Un dato nos pone en alerta: entre 2018 y 2024, el porcentaje de empresas del sector industrial en Navarra sobre el total se ha reducido un punto porcentual.

Por eso, uno de los grandes focos del recientemente presentado Borrador de Ley de Industria se centra en reducir los plazos de resolución de trámites a través del reconocimiento de nuevas tipologías de proyectos con tratamiento diferencial; en homogeneizar procesos; en aprovechar la tecnología para aumentar la transparencia y evitar duplicidades; en crear ventanillas únicas; en organizar equipos multidepartamentales para la toma ágil de decisiones; o en alinearnos y ser coherentes con las propuestas de la Comisión Europea en el ámbito de simplificación de procedimientos administrativos. 

Por ejemplo, el European Green Deal: reducción de los tiempos de tramitación de las autorizaciones, definición de plazos concretos para cada fase del proceso e introducción de la ventanilla única. Todas estas acciones resultan fundamentales para impulsar una verdadera reindustrialización de Navarra.

No es un asunto menor. La competencia es global. Como muestra, este botón: la ley norteamericana de reducción de la inflación (Inflation Reduction Act, IRA) aprobada en agosto de 2022 comprometerá un gasto de 437.000 millones de dólares en los próximos diez años en Estados Unidos, de los cuales 369.000 millones se concentrarán en un programa de acción climática a través de créditos fiscales y ayudas directas. 

La IRA influirá de manera clara en las decisiones de inversión de los principales sectores industriales de alta intensidad, poniendo en riesgo tanto futuras inversiones en Europa como la continuidad de las cadenas de suministro. Por eso, la legislación en Navarra, en España y en Europa no solo debe incluir un ambicioso programa de incentivos a la inversión sino también reformas estructurales de las regulaciones industriales, energéticas y en materia de I+D+i. 

El anuncio del Gobierno de Navarra de reducir la burocracia para atraer inversiones industriales a través de esta nueva Ley Foral de la Industria es una gran noticia. Más que eso: ese paso es imprescindible. Y, además, resulta muy positivo el hecho de vincular el proceso de reindustrialización a la transición verde y digital, en línea con el anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica que prepara el Ministerio de Industria. 

Pero la reindustrialización de Navarra, como ocurrió en 1964, necesitará no sólo de la eliminación de trabas administrativas: también de apuestas contundentes para acelerar la innovación de nuestra industria y desarrollar proyectos Deep Tech en nuevos sectores de alto impacto.

La Ley 15/2018 de Ciencia y Tecnología recogió un compromiso de inversión en materia de I+D vinculado al presupuesto del Gobierno de Navarra. Dicho compromiso era creciente para adecuar el nivel de inversión de nuestra región al de las grandes economías industriales europeas. Un muy buen propósito que no sólo no se está cumpliendo, sino que los presupuestos de 2025 en esta materia se han visto reducidos.

El borrador de la Ley de Industria ni siquiera adquiere este tipo de compromiso cuando en Europa resuena el informe Draghi que resalta la importancia de un pacto sólido de los gobiernos regionales con la inversión para impulsar el crecimiento económico y la sostenibilidad. En un entorno ultracompetitivo (tanto a nivel nacional como internacional) para el desarrollo y la atracción de industria en sectores de alta tecnología, la agilidad administrativa es crítica, pero no diferencial. Por sí sola no garantiza un futuro industrial competitivo de Navarra.

Ana Ursúa. Directora general de la AIN