La Administración de la Comunidad foral y sus Organismos Autónomos están sujetos a la función interventora en los términos establecidos en la Ley Foral 13/2007. Mediante el Decreto Foral 31/2010 se aprobaba el reglamento de control interno.

 El artículo 11 de dicho Reglamento desarrolla el “Objeto de la Función Interventora”, que no es otro que el de “controlar, antes de que sean aprobados, los actos que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar: 

a) que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa aplicable para la aprobación del acto de que se trate; 

b) que el órgano gestor ha llevado a cabo las comprobaciones y verificaciones de las condiciones exigidas por la normativa aplicable; 

c) que los informes técnicos sobre los que se soporta la decisión están firmados por quien es competente; 

e) que los recursos públicos se aplican a la finalidad prevista y;

f) que no se derivan perjuicios para la Hacienda de Navarra”.

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Pero al gobierno socialista de Chivite, y a sus socios, se la trae al pairo lo que digan los interventores. Son numerosos los informes de Intervención cuestionando muchos de los procedimientos llevados a cabo por el Gobierno de Navarra. 

Llamativo fue aquel informe de Intervención General, sobre la compra de mascarillas por parte de Sodena, en el que se concluía que “la operación analizada incumple con lo establecido con carácter general en la Ley Foral 13/2007 de Hacienda Pública de Navarra en cuanto a tipos de interés, no se ajusta a las condiciones que establecen los Acuerdos de Gobierno que autorizaron estas operaciones con carácter global en el ejercicio 2020 y tampoco cuenta con una autorización específica que habilite la operación de manera extraordinaria”. 

Recordemos que la pérdida para las arcas forales fue de casi dos millones de euros. Intervención también emitió un informe sobre otra compra de mascarillas por parte del SNS interponiendo un “reparo suspensivo” por no tener el contrato “ninguna cobertura legal porque no responden ni a los presupuestos ni a los requisitos exigidos para la contratación de emergencia del artículo 140 LFCP”, considerando que “la continuación de la gestión administrativa podría causar quebrantos económicos a la Hacienda Pública de Navarra”.

Y si nos detenemos en el Departamento de Cohesión Territorial, liderado en la anterior legislatura por Bernardo Ciriza, presidente del PSN-PSOE, y actualmente por Óscar Chivite -en ambas legislaturas capitaneado por Pedro López Vera, Director General de Obras Públicas-, comprobamos que los informes de intervención ninguneados por los dirigentes del departamento y por el propio Gobierno, son numerosos. Dos contratos relativos a la “Concesión de Obras Públicas para la Construcción y Explotación de las Infraestructuras de Interés General de la ampliación de la 1ª Fase de la Zona Regable del Canal de Navarra” tienen reparos suspensivos por observarse en los expedientes que “no se atienen al reequilibrio propuesto a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares”. Obras de conservación del Camino de Aralar. Según Intervención, se tramitaron dos contratos distintos con el fin de que cada una de las facturas, firmadas por López Vera, “eludiera los requisitos de publicidad o el procedimiento de adjudicación”, añadiendo que “se debería haber tramitado un único expediente de contratación de cara a licitar un único contrato de obras sometiendo la actuación al principio de concurrencia”. Otra más. “Conversión de la carretera N-121 A, Pamplona-Behobia, en vía 2+1 entre el p.k. 10+500 (travesía de Olave) y el p.k. 22+500”. El director general, López Vera, firmó una modificación de contrato que supuso un incremento de gasto del 29,33 % (2.832.525,96 €). Intervención General señaló que “el incumplimiento de los requisitos para modificar un contrato convierte a esta modificación en ilegal”. Pero da igual. Ahí siguen todos los autores de las irregularidades, sin asumir ninguna responsabilidad y haciéndose los ofendiditos cuando les piden explicaciones.

Sobre el tema de las luminarias hablaré otro día. Por mucho que la fiscalía haya dicho que no hay ilícito penal, habrá que recordar lo manifestado por el Interventor sobre las irregularidades administrativas, y habrá que recordar las mentiras vertidas en sede parlamentaria por el consejero Chivite, ese experto en calderería que no supo siquiera leerse la Ley de Incompatibilidades que le afectaba cuando fue nombrado consejero, incumpliéndola, y que ahora ejerce de experto jurista y economista cuestionando el trabajo de los interventores.

¿Y cómo se resuelven los informes discrepantes decretados por Intervención? Pues mediante resolución de Gobierno. Y a correr. Políticos metidos a juristas y economistas solapando y despreciando el trabajo de los interventores, funcionarios titulados que, mediante Ley Foral, tienen encomendada la labor de dictaminar la legalidad y el control económico de los procedimientos llevados a cabo por las administraciones públicas.

Y esa izquierda comparsita de Chivite, autodenominada progresista, y tarro de las esencias de la transparencia y la legalidad, callada mientras sigue aferrada al sillón y a la subvención.

¿Qué te vas a esperar de un partido, PSOE, que pone la gobernabilidad de un país en manos de un delincuente prófugo de la Justicia? Pues eso.

Chon Latienda Urroz. Comentarista política