Como ya es sabido, el ppdo. día 29 de Julio la dirección de ERC firmó un documento con el PSC para investir a Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, a cambio de reformas sustanciales, mediante la financiación singular catalana. Pues bien, en el debate parlamentario sobre el cupo catalán llevado a cabo el día 11 de septiembre, la abstención de Vox ha impedido que el Congreso apruebe una moción del PP que pedía que la financiación autonómica se trabaje desde la multilateralidad, permitiendo así que el Gobierno salvara la primera votación que tenía lugar en el Pleno de la Cámara sobre esta cuestión. 

ERC ya ha dejado claro que el acuerdo pactado es un concierto negociado de manera bilateral para Cataluña, y que el ejecutivo no tendrá continuidad sin tratar la financiación catalana. A su vez, VOX ha censurado que el PP critique la financiación singular de Cataluña, pero defienda el cupo vasco y el amejoramiento navarro, en contra del principio de igualdad entre los españoles. 

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Para el PSOE, el pacto profundiza en el federalismo y en la solidaridad interterritorial española, negando que se trate de un concierto económico como el de Euskadi, a diferencia de ERC; propuesta muy similar a la planteada en 2012 por Artur Mas a Rajoy, que la rechazó, mientras que para el PP se trata de un concierto económico ilegal, por vulnerar los principios de igualdad entre los ciudadanos españoles y de solidaridad interterritorial. 

Ahora bien, no se trata de una financiación singular y solidaria, sino de un sistema de financiación bilateral, privilegiada e insolidaria, que se llama concierto económico o cupo catalán, una financiación a la carta otorgando la independencia fiscal, totalmente inconstitucional, de modo que Cataluña tendría que negociar anualmente un cupo, es decir, la cantidad o contribución al Estado en concepto de solidaridad y competencias no transferidas. 

No olvidemos que ya fue singular, pues fue el territorio que más recibió del sistema de financiación autonómica en 2023, al percibir un total de 23.255 millones, casi un 20% del reparto total de 123.000 M€ a las CCAA. Según Fedea, el pacto de PSOE y ERC deja claro que la Generalitat saldrá del modelo de solidaridad del sistema de financiación autonómica de régimen común, recortando un 11% la financiación de las CCAA y obligando a disparar un 30% el IRPF, lo que supondría un monto de 60.000 M€, de cuyo importe se descontaría la aportación catalana a los fondos estatales, y tendrá un cupo similar al vasco, aunque distinto de él, basado en la negociación bilateral con el Estado, pues la aportación catalana a las finanzas españolas integra tanto la aportación por el coste de los servicios prestados a Cataluña, como la cuota de solidaridad temporal y negociable anualmente para complementar la financiación de otros territorios de menor renta. 

Pero, nada se dice sobre los criterios y procedimientos para fijar la cuota de solidaridad, aunque todo apunta a que el balance de la propuesta será muy negativo para el interés general o nacional. De momento, sólo añade que dicha solidaridad con el resto de CCAA debe estar limitada por el principio de ordinalidad, consistente en mantener el mismo orden en la aportación de fondos que en su recepción, de modo que si Cataluña es la segunda aportando fondos, ha de ser también la segunda recibiendo esos mismos fondos. Esto es, que las comunidades que más aporten sean las que más reciben, todo lo contrario a la solidaridad. 

Además, el acuerdo incluye un segundo cupo, pues Cataluña no podrá recibir inversiones anuales por debajo de la media de inversión pública sobre el PIB estatal, lo que permitiría pasar de la falacia de que España nos roba a que con la llave de la caja se produzca su desconexión fiscal y la quiebra del vigente sistema de solidaridad. En definitiva, habrá claros ganadores y perdedores. 

Según Sánchez, con esta reforma todas las CCAA recibirán más recursos que los que recibían con el PP, sin que ninguna pierda, siendo su intención duplicar los recursos del fondo de cohesión territorial. No obstante, nuestra constitución establece un modelo autonómico, no federal, si bien es un modelo análogo de hecho, no de derecho; cambiarlo requiere una reforma constitucional. 

El cupo catalán es diferente del convenio económico de Navarra de 26/12/1990, y del concierto económico del País Vasco de 23/5/2002, por ser ambos constitucionales, solidarios interterritorialmente, contrarios a una confrontación territorial, y no privilegiados fiscalmente. En este contexto, el verdadero debate es aquel donde se enfrentan dos modelos, el de la libertad económica, que genera eficiencia y solidaridad, y el del intervencionismo independentista, que pretende levantar prohibiciones para los demás y exige establecer un cupo catalán inconstitucional, que sólo genera injusticia, ineficiencia e insolidaridad, estableciendo ciudadanos de primera y de segunda.

Francisco Javier Sagüés Sala es abogado