La Unión Europea es cada vez menos atractiva para un número cada vez mayor de ciudadanos, tal y como lo demuestra el auge de los partidos euroescépticos en el Parlamento Europeo durante la última década. Constantes crisis golpean a los países del Viejo Continente, quienes miran a la UE como respuesta a problemas que, sin embargo, parece no poder resolver satisfactoriamente. Piénsese, por ejemplo, en la Gran Recesión o los flujos migratorios. Y aunque esta creciente desilusión se proyecta sobre la UE, está sin embargo dirigida por dos vectores inherentes a la globalización.

Primero, existe una profunda crisis de identidad colectiva en las sociedades europeas. Las identidades tradicionales que cohesionaban las sociedades, como la nación o la religión, están siendo reemplazadas por otras menos eficaces a estos efectos. Además, la baja natalidad y el aumento de la inmigración, parte de la cual trae consigo elementos identitarios muy diferentes a los mayoritarios, están haciendo más diversas las sociedades europeas. Asimismo, las redes sociales están teniendo un efecto polarizador devastador en una parte de la población dado el refuerzo del sesgo de confirmación. 

En definitiva, la comunidad política se está departamentalizando y sus ejes vertebradores están desapareciendo. 

Segundo, algunos países europeos se han estancado económicamente en comparación con otras partes del mundo. La deslocalización de empresas ha supuesto una pérdida de empleos industriales, que han sido reemplazados parcialmente por empleos en el sector servicios, en muchas ocasiones de bajo valor añadido (e.g., camareros o repartidores). La globalización, en este sentido, ha beneficiado enormemente a las clases medias y bajas de zonas como el sudeste asiático, pero ha generado perdedores en nuestras sociedades occidentales. Bajo el dogma de precios más bajos para el consumidor hemos olvidado que éste es, ante todo, un trabajador cuyo empleo puede estar en riesgo.

La UE debe actuar en estos frentes para asegurar su propia supervivencia. Dejando para otro artículo la cuestión identitaria, la reindustrialización de Europa es una prioridad absoluta. Sólo así se podrá asegurar un crecimiento económico sostenible que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos y sus niveles de satisfacción con la 'civitas'. Para ello tan necesario es desarrollar los sistemas nacionales de generación de energía limpia para no depender de potencias extranjeras, como no dejar pasar el tren de la revolución digital o proteger las industrias en las que todavía somos líderes, como la automovilística. Aquí es donde los aranceles a China entran en la ecuación.

Mantener una política comercial y de inversiones abierta con el gigante asiático tiene sentido únicamente si existe reciprocidad. Y estamos lejos de eso. Nuestra balanza comercial es muy negativa: las empresas chinas vendieron en la UE en 2023 más del doble de bienes que a la inversa (un 130% más). Esto se debe principalmente a dos motivos de acuerdo a las investigaciones de la Comisión Europea. Por un lado, a las barreras comerciales para que las empresas europeas accedan al mercado chino, como los obstáculos técnicos al comercio, las prohibiciones en varios sectores, la imposibilidad de acceder a contratación pública o la incierta protección de los derechos de propiedad intelectual. Limitaciones que las empresas chinas no encuentran en la UE. Por otro lado, a las prácticas de competencia desleal de algunas empresas chinas en el mercado europeo, como el dumping o la recepción de subvenciones del gobierno chino. Aunque los precios finales de los productos se reducen, estas prácticas amenazan la viabilidad de algunas empresas europeas, que no disponen de dichos beneficios. La cuestión de fondo es la diferencia sustancial entre el modelo económico liberal de la UE, basado en el Estado de Derecho y una competencia abierta con una mínima intervención estatal, y el modelo económico intervencionista de China, basado en el control estatal, la posición privilegiada de las empresas públicas y el sometimiento de la seguridad jurídica a los intereses de un estado controlado por el Partido Comunista.

Es por ello que los aranceles impuestos por la UE a los vehículos eléctricos de batería procedentes de China van en la buena dirección. Estos “derechos compensatorios” de hasta el 36,3% se suman al “arancel” propiamente dicho del 10% que ya existía. Se nivelan así parcialmente las condiciones de competencia entre las empresas automovilísticas europeas y las chinas. 

No es solo una cuestión de protección de la industria europea, algo especialmente relevante en Navarra dada la importancia de la fábrica de Volkswagen, sino también una cuestión de justicia, ya que no es lógico premiar a empresas extranjeras que se rigen por normas medioambientales y laborales mucho menores que las europeas. La Comisión Europea debe por tanto continuar diseñando con inteligencia este tipo de medidas en otros sectores clave.

Estados Unidos fue el primero en ver estas amenazas. Biden ha ampliado las medidas de protección de la industria nacional establecidas originalmente por Trump, las cuales han llegado para quedarse independientemente de quién gane las próximas elecciones. El gobierno canadiense del liberal Trudeau acaba de anunciar un arancel similar al de Estados Unidos del 100% a la importación de vehículos eléctricos de batería procedentes de China bajo la premisa de proteger a los trabajadores canadienses. Y otros estados le seguirán. 

Es evidente que hemos entrado en una nueva fase de la globalización en la que los actores internacionales empiezan a considerar seriamente intereses estratégicos en sus relaciones comerciales. El mundo ha cambiado y la UE debe cambiar con él.

David Garciandía Igal es Doctorando y profesor de derecho de la UE en la Universidad de Oxford