Corría el año 2018. Gobernaba Uxue Barkos. El Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, liderado por Mª José Beaumont, licitaba la remodelación del antiguo Archivo General de Navarra. El arquitecto del departamento, encargado de la gestión y desarrollo del Plan Director, fue Pedro Andrés López Vera. La empresa adjudicataria de la obra: la UTE Acciona-Servinabar, adjudicataria también de las obras del túnel de Belate. El “acta de replanteo”, documento que recoge el momento en el que da inicio la obra, ya recogía algunas deficiencias en el proyecto que dificultaban el inicio de la misma, pero la obra comenzó.

A falta de tres meses para la finalización del plazo de ejecución de la obra, el constructor solicitó un aumento de dicho plazo y la suspensión temporal de la obra por distintas incidencias, solicitud denegada por el Departamento mediante resolución firmada por la Directora General de Presidencia al considerar que no estaba motivada. Ante la negativa de la ampliación del plazo de ejecución de la obra, el constructor presentaba un recurso en el que, además, y debido a las innumerables incidencias en el proyecto, apuntaba a un aumento del coste de 467.921,91 €.

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El 6 de agosto de 2019 se produce un cambio de gobierno y María Chivite es nombrada presidenta del Gobierno de Navarra. El Departamento de Presidencia, Justicia e Interior pasa a manos de Javier Remírez, y en octubre de 2019, en un cambio de criterio radical y retorciendo todo lo dicho por el anterior equipo técnico, se aceptaba el recurso que la constructora había presentado en el mes de mayo y, mediante resolución del Director General de Presidencia, se concedía un aumento de 6 meses en el plazo de ejecución y se admitía un incremento de coste de 467.921,91 €. Inaudito.

Noviembre de 2019. El gobierno de Chivite, a través de la consejería dirigida por Bernardo Ciriza (poco se habla de Bernardo Ciriza) nombraba a Pedro Andrés López Vera Director General de Obras Públicas e Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial, y a Jesús Polo Soriano Director del Servicio de Nuevas Infraestructuras. Cabe recordar que Jesús Polo Soriano tiene más de 70 años y que, hasta esa edad, ya vio excepcionada su continuidad en la Administración por encima de la Ley Foral 13/2012.

Pero el gobierno de Chivite, por tres años consecutivos más, quiso que Jesús Polo Soriano siguiera prestando sus servicios, y como no existe una Ley foral que excepcione la continuidad del personal mayor de 70 años, lo que hizo Chivite fue introducir con calzador hasta tres Disposiciones Adicionales en distintas leyes para que Polo Soriano siguiera en el Departamento hasta final de 2024. Ante semejante despliegue dispositivo, cabría pensar que el tal Polo Soriano es un lince en gestión de obras públicas y que hacía un buen tándem con el Director General de Obras Públicas, López Vera, pero parece que no es el caso. Bien al contrario.

Diversos informes de Fiscalización cuestionan reiteradamente los distintos proyectos gestionados por ambos cargos de libre designación. Varios de esos informes, entre ellos los referidos al “Ecoducto en Etxarri Aranatz” y el de “Mejora de dos curvas de la carretera Leitza-Goizueta-Hernani”, repiten el siguiente texto: “Dado que estas carencias se vienen manifestando en varias de las obras licitadas últimamente por el Servicio de Nuevas Infraestructuras, esta Intervención Delegada insta a la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras a que establezca los mecanismos necesarios para que los proyectos sean debidamente supervisados previamente a la licitación de las obras correspondientes con el fin de evitar modificaciones no deseadas en fase de ejecución de las obras”. Casi nada. Imposible, además, olvidar todas las incidencias en la adjudicación de las obras de la ampliación del túnel de Belate, hecho que la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción ha calificado de “preocupante”.

Y hablando de las obras de Belate, decir que la primera Certificación ya ha desvelado distintas incidencias, alguna de ellas achacable al Director de Servicio de Nuevas Infraestructuras, Polo Soriano. E imposible olvidar, igualmente, el tema de la instalación de luminarias. Recordemos que el Departamento de Cohesión Territorial exigió una marca concreta de luminarias para varios proyectos de obras públicas a pesar de que los letrados y el interventor advirtieron de forma reiterada que es una práctica ilegal que contraviene la libre competencia. Este tema está siendo investigado por la Fiscalía de Navarra. Y mientras el clan Chivite repite que todo es “legal y transparente”, la pregunta es: ¿cuánto dinero nos está costando a los contribuyentes las innumerables deficiencias en los proyectos apuntadas en los distintos informes de fiscalización? ¿Quién asume responsabilidades en el Departamento de Cohesión Territorial? ¿Nadie? Nadie.

Mientras un gobierno socialista está indultando y amnistiando a golpistas corruptos condenados por la Justicia; y mientras queda impune la mayor red de corrupción política organizada por el PSOE desde la Junta de Andalucía; ¿podemos esperar que se exijan responsabilidades a unos cargos de libre designación? La respuesta es obvia. Por encima del cumplimiento de la legalidad, siempre estará la política socialista que reparte impunidad.

Chon Latienda Urroz. Comentarista política