El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha resuelto abrir una pieza separada del ‘caso Volhov’ para continuar investigando sobre los supuestos vínculos entre líderes del ‘procés’ y personas próximas al Kremlin, en la que implica a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont -además de a otros ex altos cargos y colaboradores- en actividades que pudieran ser constitutivas de delitos de alta traición y de malversación.

 El juez manifiesta que, por razones de equidad y justicia, así como por las de la importancia histórica para la Unión Europea, se ve obligado a abrir esa pieza separada. Alega que “se han encontrado indicios más que suficientes que lo justifican” para investigar todas las conexiones, viajes y encuentros de Puigdemont y sus colaboradores con el gobierno ruso, y aquellas actividades que hubieran facilitado “la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social”. 

También se refiere a dos declaraciones del Parlamento Europeo -del 7 de febrero y del 25 de abril- solicitando de las autoridades judiciales competentes el esclarecimiento de tales extremos, con mención expresa a una posible trama ruso-catalana. 

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Pueden existir dudas razonables sobre la entidad y el alcance de los contactos hasta ahora conocidos entre Puigdemont y su entorno con personas próximas al Kremlin.

 Pero, aunque el secretario general de Junts, Jordi Turull, califique de “fantasía inventada” el auto del juez Aguirre, no hay otro modo de saber si su iniciativa tiene fundamento que esperar los resultados de la investigación. El procedimiento tampoco contraviene la Ley de Amnistía, ni impide su aplicación a favor de Carles Puigdemont siempre que las instancias correspondientes consideren que tiene derecho a ella. 

Lo que negarían si, al final, queda demostrado y juzgado que el expresidente de la Generalitat incurrió en un delito de alta traición y/o en la malversación de fondos europeos.