El Gobierno optó por retirar el proyecto de ley del suelo minutos antes de que se votara su admisión a trámite por el pleno del Congreso cuando el PSOE comprendió que Sumar no secundaría la iniciativa del Consejo de Ministros del que forma parte y que el PP se negaba a socorrer a Pedro Sánchez. Dos días después de que decayera la norma sobre la prostitución, toda la sesión evidenció que, en un Parlamento fragmentado y con una mayoría de circunstancias, ningún grupo está dispuesto a hacerle el mínimo favor porque trata de preservar su propio espacio. Una nueva regulación del suelo es una demanda tan generalizada que lo ocurrido tendría que devolver la política institucional a un marco alejado de la ideologización y el partidismo para procurar el consenso de los intereses comunes. Sin embargo, mientras a la izquierda del PSOE se tache la iniciativa de “especulativa” y el presidente no pueda normalizar las relaciones hacia su derecha siquiera como excepción, las frustraciones legislativas seguirán siendo atribuidas a penurias electorales. Entre ellas es inevitable incluir la necesidad que el socialismo tiene de mostrarse activo, aunque no cuente ni con los apoyos ni con la estabilidad necesaria para asegurar cuatro años de legislatura. Todos los partidos que decidieron investir al presidente hace medio año se ven hoy más débiles y desnortados, salvo EH Bildu y el BNG. Empezando por su aliado más próximo y por eso mismo más determinante: Sumar. Una mirada optimista a las turbulencias que sufre la gobernabilidad concluiría que todo volverá al cauce pretendido por Sánchez tras las elecciones europeas. Pero sería más realista suponer que, aun en el caso de que el socialismo gane el 9 de junio, todos y cada uno de sus socios difícilmente saldrán airosos de la cita. Hasta el punto de que, más que en ella, piensan en las generales que el dirigente socialista podría convocar a continuación con el propósito de sortear el empantanamiento de una alianza que falla a cada hora. Sobre todo, si tampoco puede gobernarse Cataluña sin comprometer la solvencia del Ejecutivo central.