Con la formación del primer gobierno de Franco (enero de 1938), la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda ya existente pasó a formar parte de la administración del Estado y a depender del Ministerio del Interior. A partir de ese momento, la Delegación contó con una Dirección General de Propaganda y una Dirección General de Prensa. Casi un siglo después, pero con lenguaje progresista, la presidenta Chivite nos anuncia que quiere impulsar una “Agencia de verificación” de informaciones, que viene a ser exactamente lo mismo. Y como no sabemos si esto se traducirá en la creación de un chiringuito más destinado a dotar de un sueldo de 100.000 euros a algún otro socialista de carnet, mientras se despeja la incógnita, algunos seguiremos recordando, gratis total, la información verificada.

Gracias a este medio de comunicación, los navarros estamos más que informados de todas las manguadas de este Gobierno, y como es imposible detallarlas todas, me centraré en las más destacadas. Empezaré recordando que la presidenta Chivite inició su primer mandato aumentando en un 44 % las consejerías existentes y en un 33 % los altos cargos. Nos dijeron que ese aumento supondría un incremento de 1,65 millones de euros. Fue la primera mentira de su legislatura: el sobrecoste fue de 28 millones de euros. Chivite, al igual que Pedro Sánchez, también repitió hasta la saciedad que no pactaría con Bildu y que la amnistía a los líderes del ‘procés’ era inconstitucional. Bildu ha pasado a ser el sostén del gobierno de Chivite, y no sólo eso, sino que, en la legislatura pasada, el PSN aupó a Bildu a las alcaldías de Huarte y Estella, y en la actual, a la alcaldía de Pamplona. Y como buena palmera sin criterio, Chivite también ha pasado a defender una Ley de amnistía. Fue el 10 de mayo de 2018 cuando el Parlamento de Navarra aprobaba la Ley Foral de Transparencia y la modificación de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, que introducía el artículo 68: “Investigados por delitos de corrupción” sobradamente conocido por el lector. El debate parlamentario fue una fiesta: “Ley modélica, pionera, moderna e innovadora”; “proyecto ambicioso”; “ley trabajada que ha venido cohesionada con todo un conjunto de normas jurídicas”; “ley que permitirá avanzar en lo relativo a la ética y la transparencia en la acción del Gobierno…”. Hasta que ese artículo 68 les estalló en la cara. El Tribunal Supremo acordó la apertura de procedimiento contra el entonces consejero de Chivite, Manu Ayerdi, por su gestión en Davalor. Y Ayerdi tuvo que dimitir y Chivite pasó a decir que ese artículo 68 “acaba con la presunción de inocencia y puede generar incluso situaciones muy injustas”, todo dicho dos años después de que el PSN exigiera a Barkos “responsabilidades políticas” por considerar “un escándalo” los datos que se iban conociendo de la gestión de Ayerdi en Davalor. En resumen, la que se había presentado como una “ley modélica, pionera, moderna e innovadora”, pasaba a ser una porquería de ley, así que Chivite y sus socios se apresuraban a modificarla, no fuera que con el tiempo tuviera que dimitir algún que otro consejero más.

Después vino la compra de mascarillas por parte de Sodena, operación que supuso la pérdida de 1,5 millones de euros de dinero público más el gasto en distintos informes jurídicos a reputados bufetes de abogados que buscaron, sin éxito, que les dijeran que Chivite era la más lista de la clase y el consejero Irujo el más avispado agente del PNV en Navarra.

También se han dilapidado 1,3 millones de euros en unos estudios de cine construidos para una determinada empresa (Estudios Melitón) bajo un contrato firmado por NASUVINSA que no incluía las debidas garantías para la administración y el uso del dinero público. Resultado: edificio en desuso y Melitón que tenía tres gatos y un plan de fuga para no pagar los 570.000 euros que le adeuda a NASUVINSA.

Y llegó la adjudicación de las obras del túnel de Belate. Según el clan Chivite, Presidenta y Consejero, todo ha sido “legal y transparente”, aunque la realidad sea que los letrados de la mesa de contratación hayan emitido votos particulares cuestionando algunos aspectos de esa adjudicación. Y en fase de investigación ante la Fiscalía de Navarra se encuentra la instalación ilegal, según informe de Intervención, de una plataforma tecnológica de una marca concreta para la telegestión del sistema de luminarias a implantar en las vías navarras, ya que no ha contado con un proceso público de adjudicación.

Del irregular proceso de estabilización de 396 administrativos, gestionado por el departamento que dirige la consejera Amparo López, esa que se ha visto premiada, a través de un Decreto Ley ¿ad hoc?, con una plaza fija de funcionaria después de haber trabajado en esa plaza durante apenas dieciocho meses, ni hablamos. El proceso ha provocado la dimisión de tres directores del servicio de Régimen Jurídico de Función Pública. El director general de Función Pública, Rashid Mohamed, sigue aferrado al cargo. Rashid Mohamed ya dio cumplida cuenta de su ineficacia cuando, siendo Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Navarra, fue el responsable de que miles de navarros sufrieran un auténtico calvario para conseguir una cita en cualquier oficina de la Seguridad Social. Y como ya no me caben más tropelías, acabo con esta maravillosa frase de Jaime Perich, escritor y humorista español: “Gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco”.

Chon Latienda Urroz. Comentarista política