La detención momentánea del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a su regreso de la República Dominicana, después de que el lunes agentes de la UCO le requisaran una tableta y un móvil en un registro en aquel país, da a entender que las investigaciones dirigidas desde el Juzgado número 4 de Majadahonda, dentro de una causa declarada secreta, obedecen a indicios claros de graves irregularidades durante y después de finalizar su mandato federativo. Presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales en los que Rubiales podría haber concurrido con otros directivos federativos, asesores y empresarios que fueron arrestados y puestos en libertad el 22 de marzo. Objeto todos ellos y otros de embargo de bienes y de bloqueo de cuentas bancarias por parte de la jueza. Luis Rubiales abandonó la presidencia de la Federación en septiembre, después de que la FIFA le suspendiera en el ejercicio del cargo por dar un beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso. Acción que el ministerio fiscal considera delito de agresión sexual, seguido de otro de coacciones en las que habrían incurrido también otros responsables de la Federación. El expresidente llegó a lo más alto de la RFEF en mayo de 2018, sustituyendo a Ángel María Villar, después de presidir durante ocho años el sindicato de futbolistas AFE. Ayer, la gestora de la Federación convocó unas elecciones a las que se presentará su actual mandatario, Pedro Rocha. La apertura de un nuevo proceso electoral en el fútbol español no puede significar solo un cambio de nombres. Es imprescindible que el relevo instaure nuevas formas regladas que impidan la perpetuación de la arbitrariedad, los abusos y la corrupción a cuenta del más popular de los deportes, de la disposición excesivamente permisiva de los aficionados y de la ilusión de tantos y tantas jóvenes.