El Consejo de Ministros acordó ayer impugnar ante el Constitucional la decisión adoptada por la Mesa del Parlamento de Cataluña de tramitar una iniciativa legislativa popular para la declaración de la independencia de aquella comunidad. Iniciativa impulsada por el partido Solidaridad Catalana Independentista que concurrirá a las elecciones del 12 de mayo, y que contó con el voto a favor de los miembros de Junts y la CUP, junto a la abstención de ERC, en el órgano de gobierno del legislativo autonómico. Aquella votación tuvo lugar 22 días antes de que Pere Aragonés convocara nuevas elecciones en Cataluña, y de que el Ejecutivo de Sánchez desistiera de elaborar un proyecto presupuestario para 2024, sin que el Gobierno mostrase inquietud alguna por lo que el independentismo concibió como nueva declaración unilateral. De modo que la presentación del recurso, que paralizaría el debate parlamentario al respecto mientras el Constitucional no resuelva lo contrario, afecta a la decisión adoptada en el seno de una Cámara ya disuelta. Ayer el Consejo de Ministros hizo suyo, en realidad, el recurso de amparo presentado la semana pasada por el PSC. Dado que no entraña ninguna complejidad o duda técnica para ser elevado al Constitucional, resulta significativo que el Consejo de Ministros haya tardado tanto en reaccionar a la provocación secesionista. Y cabe preguntarse si, en caso de que el Gobierno hubiese mantenido la intención de negociar los presupuestos del actual ejercicio con los socios de investidura, hubiera actuado de la misma manera. El ministro Bolaños se mostró ayer taxativo al defender la “coherencia” del Gobierno frente a una iniciativa que considera “divisiva” y que “genera tensión, fractura social y política”. Lo coherente sería que el Gobierno entendiera que para muchos ciudadanos también la amnistía es divisiva. Que entendiera normal que se sucedan recursos y cuestiones prejudiciales por parte de quienes no la consideran constitucional ni beneficiosa para la convivencia.