La noticia de que la Fiscalía ha denunciado delitos de fraude tributario y falsedad documental por 350.951 contra la pareja de Isabel García Ayuso y otros cuatro empresarios dio lugar ayer al enésimo cruce de reproches entre socialistas y populares. Con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sugiriendo que el hogar compartido por ambos habría sido comprado con fondos ilícitos. Y el propio Feijóo señalando el posible conflicto de intereses en las relaciones de la mujer del presidente Sánchez con empresas que podrían estar vinculadas de algún modo a la trama. La lista de corruptelas al amparo del PP actúa como un insólito eximente para los socialistas. Aunque la moción de censura contra Mariano Rajoy es un bumerán ante la posibilidad de que José Luis Ábalos acabe imputado. Los dos principales partidos del país se señalan mutuamente, olvidándose de que su deber es dar cuenta de las responsabilidades políticas que implican los casos de corrupción, uno por uno, a los ciudadanos. Y colaborar realmente con la Justicia para su esclarecimiento penal. Todo lo demás es escurrir el bulto. Ayer el pleno del Senado aprobó la constitución de una comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo-Ábalos’. Tras una sesión de acusaciones, los senadores deberán atenerse estrictamente a su cometido para que las pesquisas parlamentarias lleven a conclusiones que den sentido a una iniciativa obligada a atender los avances sumariales del caso sin interferir en el procedimiento. La comisión de investigación del Senado contó con el apoyo del grupo socialista y otros. Que con su gesto invitaron al PP a secundar, por su parte, la iniciativa del PSOE en el Congreso para investigar sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia por parte de todas las administraciones. Pero el cuerpo a cuerpo partidista no puede actuar como un torbellino capaz de llevarse por delante la normalidad institucional.