Diario de Navarra

Cuando se presenta un nuevo caso de corrupción, todos los partidos siguen rigurosamente el mismo protocolo, que consiste, más o menos, en primer lugar en mostrar incredulidad; luego indignación; después se asegura que se mostrarán implacables y colaborarán con la justicia; continúan por emplear la táctica del “y tú más”; siempre se muestran esquivos cuando se les pide información; en el momento en que es irremediable se destituye a alguien o se exigen dimisiones confiando en que la marea no alcance a los cargos superiores, y nunca dan cumplidas explicaciones a los ciudadanos. El nepotismo, que es la utilización de un cargo para designar a amigos o familiares en un empleo, o conceder favores al margen del mérito y capacidad, también es corrupción. Es corrupción, aunque el Código Penal quizá no lo contemple así, porque esas designaciones o favores siempre son con cargo al dinero de todos y nunca buscan el interés general. Siempre buscan el interés personal, que en el mejor de los casos es clientelismo, que no es otra cosa que la búsqueda o consolidación del poder. Cuando los clientes, es decir aquellos que se encuentran bajo la protección del cargo público, se aprovechan de esa cercanía al poder para el tráfico de influencias, cobro de comisiones y cualquier otro negocio ilícito, nadie discute ya que se trata de corrupción. La corrupción, además del daño económico directo que ocasiona, también tiene costes indirectos, siempre muy elevados y casi siempre ocultos, en forma de desmoralización de los empleados públicos, deterioro de la gestión por aumento de controles que no controlan pero entorpecen sobremanera la administración de los servicios públicos, desánimo de la ciudadanía y deterioro de la credibilidad de los políticos y altos funcionarios, que en su inmensa mayoría son servidores públicos en el sentido más noble del término. En inglés existe una expresión, accountability, que tiene mala equivalencia en nuestro idioma. Suele traducirse como rendición de cuentas, pero a este significado se debe añadir el de asunción de responsabilidad. Es decir, un político o servidor público debe rendir cuentas y asumir responsabilidades. En primer lugar, rendir cuentas. Todos estamos esperando las explicaciones que no se han dado, sobre por qué al asesor del entonces ministro de transportes se le nombró para ese cargo; porque se le designó, nada menos, consejero de RENFE mercancías, cuando nada en su currículo le avalaba para ese puesto, y por qué se le ponían al teléfono altos cargos del Estado cuando al parecer ejercía tráfico de influencias. Esas explicaciones, rendición de cuentas, no se han proporcionado y siguen pendientes. En cuanto a la segunda parte de la accountability, que es la asunción de responsabilidad, tampoco se ha producido. El exministro continúa disfrutando de su sueldo público y de su aforamiento. Tampoco se han dado explicaciones de la extraña visita del entonces ministro acompañado de su asesor y también al parecer de alguien involucrado en la presunta trama de corrupción, al aeropuerto de Madrid, de madrugada, para una extraña reunión con una Vicepresidenta del Gobierno de Venezuela que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen. En este caso, además, se mintió a todos los españoles, porque se dieron tantas explicaciones distintas que al menos todas menos una, son falsas. Tampoco se rindieron cuentas ni se asumieron responsabilidades de un episodio que invita a pensar en lo peor. Otros exministros o expresidentes de comunidades autónomas que podrían haberse visto involucrados en tráfico de influencias tampoco han rendido cuentas. Nada menos que la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso de los Diputados, ha comenzado de la peor manera el proceso de rendición de cuentas. Se ha atenido al guion expuesto antes, y por su orden: incredulidad, indignación, y “tú más”, y ahí se ha detenido por ahora. No ha contestado, pese a las reiteradas preguntas que se le han hecho, sobre quién puso en contacto a los servicios del Gobierno de Baleares con las personas que forman parte de la trama presuntamente corrupta. Tampoco ha contestado, al menos de forma creíble, a las reiteradas preguntas de por qué se tardó tres años en reclamar un importe millonario por la entrega de mascarillas que no se ajustaban a las especificaciones acordadas. Además, sus declaraciones rompen la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones porque en el desempeño del “y tú más” ha atacado al principal partido de la oposición. Lamentable. Todos recordamos casos de corrupción en los que se han visto involucradas personas de todos o casi todos los partidos políticos. Tampoco en Navarra nos hemos librado de ese delito. El régimen anterior tampoco se libró de esa podredumbre, aunque entonces no nos enterábamos de su existencia. Por desgracia, el proceso de rendir cuentas y asumir responsabilidades sigue siendo la excepción en la clase política. Javier Carnicero Giménez de Azcárate. Exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea, entonces Servicio Regional de Salud

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"Corrupción y asunción de responsabilidades"

"La corrupción también tiene costes indirectos, siempre muy elevados y casi siempre ocultos, en forma de desmoralización de los empleados públicos"

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