La decisión de José Luis Ábalos de mantener su acta de diputado y acabar en el Grupo Mixto del Congreso atiende a las prerrogativas de cualquier representante electo. Pero en ningún caso puede sostenerse por el propósito de “defender la honorabilidad” sin asumir ni un ápice de la responsabilidad política contraída cuando una persona de su máxima confianza, Koldo García, cobró presuntamente comisiones por la contratación de mascarillas. El tono victimista empleado ayer por el exsecretario de Organización socialista habría sido más creíble si hubiese renunciado al escaño, que mantendrá -aseguró- para así abogar por su integridad ética, mientras acusaba a la dirección del PSOE nada menos que de “rendir tributo a la derecha” por haberle requerido ese razonable paso antes de iniciar el proceso para su expulsión. Ábalos trató de conferir cierto sentido político a su decisión, decepcionado porque sus correligionarios no hubiesen reaccionado ante el ‘caso Koldo’ de manera solidaria hacia él y apelando al apoyo que, según dijo, ha recibido por parte de militantes de base. El “quien la hace la paga” de Pedro Sánchez se convierte así en un diputado que ayer se declaró tan disgustado como libre y que el Gobierno deberá incluir entre los numerosos votos que necesitará negociar cada día. Un escaño más de inestabilidad para la legislatura.

 Momentos antes de la comparecencia, la ministra portavoz, Pilar Alegría, insistía en que la “impecable” actuación del Ejecutivo central durante la pandemia ha sido avalada por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General del Estado. A ello se refirió también Ábalos para recordar que la Fiscalía lo había reconocido así en la querella que dio lugar a la instrucción judicial en marcha. Ello confirma que la comisión de investigación parlamentaria sobre las compras de material sanitario frente al covid propuesta por los socialistas es un intento dirigido a revisar los movimientos de otras administraciones.