El ‘caso Koldo’ comienza a atragantársele al Gobierno. Las investigaciones sobre quien fuera asesor de la máxima confianza del exministro de Fomento José Luis Ábalos, por el presunto cobro de comisiones millonarias a empresas con las que negoció la compra de mascarillas en el momento más crítico de la pandemia, instan a la asunción de responsabilidades políticas. Y emplazan tanto al Gobierno como al PSOE a actuar con total transparencia en un escándalo que pone a prueba el firme discurso contra la corrupción con el que Sánchez llegó a la Moncloa. El anuncio por parte del presidente de que será “implacable” en ese terreno “caiga quien caiga” y la advertencia de que “el que la hace la paga” parecen redoblar la presión sobre Ábalos para que renuncie a su escaño. Aunque sobre él no pesa ningún reproche penal, los graves delitos atribuidos a quien designó como su mano derecha y unas grabaciones comprometedoras en el sumario pueden marcar su futuro. No se entiende que si Koldo García era solo un asistente personal del entonces ministro y secretario de Organización socialista estuviera en la cúpula de la trama. Tampoco que a un colaborador de su perfil le fuese encomendado un aprovisionamiento de tanta envergadura para varias administraciones públicas en medio de la emergencia sanitaria. Ni que nadie viera anómalos, con su mediación, los contratos con una compañía sin experiencia en el sector y sin facturación alguna en los años previos, que cobró 52 millones de euros por mascarillas de mínima calidad y con sobreprecio a Adif, Puertos del Estado, el Ministerio del Interior y a los gobiernos de Baleares y Canarias. Estos dos últimos, liderados entonces por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que habrán de dar explicaciones al respecto. Las irregularidades advertidas posteriormente por varios órganos de control fueron desestimadas y adquieren en este momento otra dimensión. Tras el contundente mensaje de Sánchez, las horas de Ábalos como diputado podrían estar contadas por su responsabilidad en el nombramiento de Koldo García. Si el Gobierno quiere utilizarlo como cortafuegos, la magnitud de un escándalo que amenaza su propia estabilidad y credibilidad política no se lo pone fácil.