La justicia española, en la picota

Los partidos actúan como si cuestionar al Poder Judicial y su independencia con la ley de amnistía no dañara el sistema, lo que realza al secesionismo y su caricaturización de la democracia española

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Editorial DN

Publicado el 11/02/2024 a las 05:00

La separación de poderes y la independencia de la Justicia son dos caras de una misma moneda que resumen uno de los fundamentos básicos de las democracias. El cuestionamiento de ambos principios al que se han lanzado algunos partidos constitucionalistas, sin medir sus consecuencias o cegados por el frentismo que se ha apoderado de la política nacional, así como otras fuerzas que aspiran a demoler el actual sistema con el objetivo de satisfacer sus aspiraciones, está erosionando el prestigio de las instituciones. Un paso que solo beneficia las pulsiones populistas. La ley de amnistía ha agudizado una peligrosa vorágine en la que han sido puestos en la picota el Tribunal Constitucional, el Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y jueces y fiscales de distintas instancias. Sus decisiones se han visto sometidas a un ruidoso escrutinio público basado no tanto en razonamientos jurídicos, como correspondería, como en criterios e intereses partidistas y en la supuesta afinidad ideológica de quienes las adoptan. 

Tal proceder, trufado de un cruce de gruesas descalificaciones que afectan al rigor profesional de jueces y fiscales, excede con mucho el derecho a la crítica del que en ningún caso puede estar exento el Poder Judicial. Además, merma de forma apreciable su credibilidad -mucho más difícil de restituir, una vez dañada, que de socavar-, lo que no resulta inocuo. En esa ofensiva se han distinguido los independentistas catalanes, empeñados en caricaturizar la democracia española como una república bananera. Mucho más inquietante es que, siendo o no conscientes de ello, se sumen a la desacreditación de la Justicia PSOE y PP, las formaciones que se han sucedido en el poder en los últimos 40 años. Dada su trascendencia, es natural que la amnistía desencadene un encendido debate sobre su conveniencia, efectos y legalidad. Pero, por muy enfrentadas que estén sus posiciones, los dos partidos que son el bastión de nuestro modelo constitucional deberían evitar que ese pulso cause heridas irreparables a la imagen de instituciones básicas. Por desgracia, no parecen estar por la labor.

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