Tres años después, y sin haber tomado siquiera declaración a las personas implicadas, el caso Davalor va a ser archivado por un incumplimiento en los plazos formales de investigación, tal como ha determinado la magistrada del Juzgado de Instrucción en una resolución que puede ser recurrida. De esta manera, uno de los sucesos de mayor envergadura de los últimos años en la actualidad política y económica de Navarra se puede quedar sin analizar en el fondo de la denuncia, y en si, finalmente, existía responsabilidad penal alguna en los implicados. Era lo que se pretendía y se debía dirimir. Ahora, por un tema formal de plazos, recibe un carpetazo que queda por ver si será definitivo. Algo muy difícil de comprender para el común de los ciudadanos, máxime cuando a finales de 2020, el Tribunal Supremo, tras admitir la querella presentada por UPN, abrió causa penal para investigar al entonces consejero de Desarrollo Económico del Ejecutivo foral, Manu Ayerdi (PNV), por presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en relación con la supuesta concesión irregular a la empresa Davalor Salud de seis préstamos por un importe total de 2,6 millones de euros entre los años 2015 y 2017. Una causa que provocó que 45 días después el consejero Ayerdi tuviera que presentar su dimisión, y que motivó la modificación de una ley en el Parlamento foral que había inspirado precisamente el cuatripartito de Uxue Barkos, y que instaba al cese de los cargos públicos investigados por este tipo de delitos, antes incluso de que finalizase la investigación y se determinase su inocencia o culpabilidad penal. La crítica y las consecuencias políticas de este caso ya quedaron dirimidas. Fue una nefasta gestión porque se perdió el dinero público y además se realizó sin el visto bueno de los técnicos de Sodena, por una decisión puramente política. Lo que se trataba de dilucidar ahora era la verdad jurídica de un caso que supuso, uno más, la pérdida de una gran cantidad de dinero público. Resulta incomprensible y descorazonador que ante la gravedad de estos hechos, lo que parece una serie de fallos en los procesos judiciales terminen por dar lugar a una situación indeseada y que sólo contribuye a generar mayor desconcierto en los ciudadanos.