En noviembre de 2019 Pedro Sánchez decía que “nadie está por encima de la ley” y que Puigdemont “es un prófugo de la Justicia”. Y añadía: “Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad”.

En junio de 2021 se producía la aprobación de los indultos a los nueve presos del 'procés' justificados por Sánchez en su “utilidad pública” con el fin de “abrir un nuevo tiempo para el diálogo”. Con la concesión de los indultos, en el informe que presentó el Ministerio de Justicia con la propuesta de los mismos, el Gobierno justificaba el indulto a Oriol Junqueras porque “a diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito”.

En septiembre de 2021, y durante una sesión de control en el Senado, en la víspera de la reunión de negociación entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, una senadora de ERC le preguntaba a Sánchez si en ese encuentro hablarían de referéndum de autodeterminación y amnistía, a lo que éste respondió que “hablar sólo de autodeterminación y amnistía no es un diálogo, es una imposición”. Después de una reunión entre Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, Sánchez compareció en la Generalitat para decir que: “La propuesta del independentismo para resolver la crisis es el referéndum y la amnistía, y para nosotros, pues evidentemente, ni el referéndum ni la amnistía es posible”.

En noviembre de 2022, Sánchez anunciaba la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición, que pasaba a llamarse de “desórdenes públicos agravados”. En una entrevista en tv decía que la amnistía que pedían los independentistas “no va a ser aceptada”, añadiendo que el independentismo pide la amnistía, “algo que, desde luego, este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra en la legislación y en la Constitución española”.

El 20 Julio de 2023, tres días antes de las elecciones generales, Sánchez decía que “el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido la amnistía y no hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá”, y daba varias razones: “por convicción personal y política” y porque “ninguna constitución, ni la española ni ninguna en el mundo permite la segregación”. Y el mismo día del cierre de campaña electoral, Sánchez insistía en que no aceptaría la propuesta de ERC y Junts de aprobar una amnistía a cambio de sus votos en la investidura.

A las reiteradas declaraciones de Sánchez en contra de la amnistía y el referéndum, se le sumaron las de varios ministros. Carmen Calvo, entonces vicepresidenta del Gobierno de España, decía que “la única respuesta posible es que la Ley de Amnistía no es planteable en un Estado de derecho y democrático” porque, eso “sería suprimir uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial”. También el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, actualmente magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno, fue tajante respecto a la amnistía: “La amnistía no cabe porque es el olvido”. Grande-Marlaska decía que “la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico” y que “no se puede alcanzar la convivencia fuera del marco constitucional”. La ministra María Jesús Montero también explicó que “los indultos son constitucionales, el referéndum no, ni tampoco la amnistía”. El ministro de Agricultura, Luis Planas, descartaba también la posibilidad de amnistiar a los condenados del 'procés' porque “no está contemplado en la Constitución”, y añadía: “se planteó cuando cambiamos de un régimen dictatorial como era el franquismo a una democracia, pero somos un régimen plenamente democrático desde hace más de 40 años, por tanto, esta figura no cabe en la Constitución española”. Tras la decisión del Tribunal General de la Unión Europea de confirmar la retirada de su inmunidad a Puigdemont, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, afirmó que eso significaba que el ex presidente de la Generalitat estaba “más cerca de rendir cuentas ante la justicia española”; y la ministra de Justicia, Pilar Llop, advirtió que “su obligación como ciudadano” es “presentarse ante la acción de la Justicia”. El exministro Salvador Illa, ya como jefe de la oposición en el Parlamento de Cataluña, aseguraba: “El PSOE no aceptará ni la amnistía ni la autodeterminación, no negociará con Puigdemont”.

El 3 de octubre, después de la investidura fallida de Núñez Feijóo, Sánchez era designado candidato por el Rey, y ese mismo día comparecía para mostrar un rechazo claro al referéndum de autodeterminación, y en relación a la amnistía, que no pronunciaba, se limitaba a hablar de “generosidad”. Dos días después, Sánchez reconocía por primera vez que la amnistía, que seguía sin pronunciar, estaba encima de la mesa de negociación. Un inciso: ¿Recuerda alguien esa frase de un insigne socialista diciendo “los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta”?

Sigo. Y la primera semana de noviembre, el gran cerebro del PSOE, Santos Cerdán, se instalaba en Bruselas esperando que el prófugo Puigdemont le diera audiencia y siete votos a cambio de amnistía, referéndum, y suplantación del Poder Judicial. El 9 de noviembre, Santos Cerdán, con un léxico y una capacidad verbal impropia de quien va a anunciar el mayor despropósito ocurrido en democracia, nos anunciaba que el delincuente Puigdemont, sin renunciar a nada, daba el visto bueno a la investidura de Sánchez. “Cada cual en política decide dónde y cómo quiere estar”, ha afirmado María Chivite, esa presidenta solapada y mangoneada desde Madrid por todos los partidos que la sostienen. Y el PSOE ha decidido estar con un condenado por pertenencia a la banda asesina ETA, Otegi; con un condenado por sedición, malversación y desobediencia, Oriol Junqueras; y por un prófugo de la Justicia española, Puigdemont.

Chon Latienda Urroz. Comentarista política