No había más que ver el rostro, los gestos y escuchar las palabras de la media hora de intervención (sin preguntas) del aún fugado. Se analice como se analice, el delicadísimo encaje de bolillos que constituye el texto del acuerdo entre el PSOE y Junts arroja una conclusión clara: Puigdemont ha ganado todo en la negociación, sin ceder un paso. Por tanto, hay que deducir que quien ha cedido ha sido la otra parte negociadora, el Gobierno central sustentado por el Partido Socialista y Sumar. Sánchez garantiza su investidura ya la semana próxima. A cambio, concede a Puigdemont casi todo lo que el expresident de la Generalitat y aún prófugo en Waterloo ha pedido. Y, a tenor de su discurso, lo que aún queda por pedir: referéndum y pacto fiscal, aparte de un “reconocimiento nacional”. Lo conseguido ayer, para el independentismo, no es sino “un primer paso”, así que atención a la marcha. El huido líder independentista consigue amnistía total, un “mediador internacional”, plantea un referéndum “dentro de la Constitución” -veremos hasta qué punto y cómo se sustancia esta cuestión-, cesión en la recaudación de tributos -al cien por cien, contradiciendo anteriores “barreras” puestas por el PSOE, unilateralidad en cuanto que se reconoce una total diferenciación del resto de las autonomías... Y lo más importante: reivindicación de todo lo hecho por el secesionismo entre 2012 hasta ahora, y que llevó al juicio contra el procés, al encarcelamiento de varios dirigentes independentistas y a la huida a Bruselas del propio Puigdemont. La victoria ha llegado al punto de que Junts eligió anunciar el acuerdo hasta el 9 de noviembre, aniversario de la consulta de autodeterminación fake celebrada por Artur Más en 2014 y que marcó el inicio formal del procés. El texto reconoce las diferencias entre PSOE y Junts, pero ya el simple planteamiento de las mismas, en el tono en el que se hace, constituye un triunfo para una de las partes negociadoras, por si no bastase con el discurso de Puigdemont ayer en la capital belga. La parte no ganadora, digamos, no es sólo el PSOE -que al menos logra seguir gobernando- sino el Tribunal Supremo que enjuició el procés y todos los que se pronunciaron contra la amnistía y las cesiones para la investidura: desde la oposición hasta Felipe González, pasando por la patronal y por no pocos juristas y, sobre todo, por una parte significativa de los medios y la ciudadanía reflejada en las encuestas. Es decir, la investidura, así lograda y con toda probabilidad refrendada en una sesión plenaria en el Congreso la semana próxima, tendrá muchas consecuencias. La primera, la intervención de los tribunales europeos, ante los cuales presumiblemente se llevará la amnistía. Después, la reacción de los organismos e instituciones controlados por el PP, comenzando por el Senado, que retrasará todo lo que pueda la entrada en vigor de esa ley, por tanto, el regreso triunfal de Puigdemont a tierra catalanas. Finalmente, habrá que aguardar a las reacciones en la calle, que han sido inaceptablemente violentas en algunos casos, pero de repulsa masiva, como se demostrará este fin de semana en las manifestaciones convocadas por el PP. Cuyos dirigentes, por cierto, procuran echar el freno y no caer en acusaciones tan globales como la de la presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso, calificando de ‘dictadura por la puerta de atrás” el paso dado en Bruselas. Pese a que el acuerdo extiende su vigencia a toda la legislatura, todo hace pensar en que la inestabilidad política va a seguir tras la investidura de Sánchez. Comenzando por la formación de su próximo gobierno.