La última reforma de las pensiones no ha zanjado el debate sobre la sostenibilidad futura del sistema, que mantiene un abultado déficit pese al récord de afiliados a la Seguridad Social y empieza a afrontar la masiva jubilación de la generación del “baby boom”. Un numeroso colectivo formado por 14 millones de personas nacidas entre 1957 y 1977 que cuentan con carreras de cotización muy elevadas, lo que acarreará pensiones generosas y añadirá aún más tensión a un sistema en números rojos. Las cuentas de la Seguridad Social llevan más de una década sin cuadrar. La Fundación BBVA sostiene que para cuadrar las cuentas serían necesarios casi cuatro millones de afiliados más -seis millones más en 2050-, una cifra muy superior a la de parados. Se suma así a organismos como el Banco de España, la OCDE y Fedea, que reclaman ajustes inmediatos para contener el gasto. El Gobierno sigue confiando en que los incentivos para demorar la edad de retiro y la llegada de inmigrantes, junto al aumento de las cotizaciones de empresas y trabajadores entre otras medidas, serán suficientes para afrontar un escenario demográfico endiablado, lo que está por ver aunque no se trate de eludir el déficit, sino de que este resulte asumible para las arcas públicas. Hacer cálculos sin tener en cuenta factores imprevistos de la economía global, entre otros como los dos conflictos que aquejan a Ucrania e Israel, puede echar por tierra previsiones demasiado optimistas como las que parece manejar el Ejecutivo y acabar poniendo en riesgo una partida tan fundamental para el equilibrio de las cuentas del Estado. Sembrar alarmismo sobre una cuestión tan delicada como el futuro del sistema de pensiones sería una absoluta irresponsabilidad. Pero retrasar las soluciones necesarias y evitar el debate solo conduciría a agravar el problema y, llegado el momento, podría obligar a sacrificios más drásticos que los aplazados.