"El acuerdo entre el PSOE y Sumar está no solo a falta de apoyos para la investidura, sino de escaños para toda una legislatura"

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Editorial DN

Publicado el 25/10/2023 a las 05:00

El acuerdo entre el PSOE y Sumar escenificado ayer por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz representa un punto de partida imprescindible, aunque no suficiente, para la investidura. Es el compromiso que adquieren dos formaciones decididas a reeditar un Gobierno de coalición que dé continuidad a la gestión del actual, pero que están a la espera fundamentalmente del independentismo catalán. La vicepresidenta segunda en funciones aseguró que el documento es mucho más que un pacto de Gobierno. En realidad es menos puesto que, allá donde el catálogo de propósitos muestra intenciones legislativas, los firmantes no pueden asegurar la mayoría parlamentaria precisa para aprobarlas aunque logren la proclamación del candidato socialista. Además, en casi todos los capítulos requeriría de la participación activa de los agentes sociales y de las comunidades en el ejercicio de sus competencias. Parece evidente que tanto la dilación del compromiso entre los dos miembros del Ejecutivo como la fijación de la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales responden a la necesidad de Sumar de hacerse valer ante una legislatura que Sánchez ha calificado como “de consolidación”. Máxime cuando la mayor parte de trabajadores ya tiene una jornada laboral inferior a las 40 horas semanales. La rebaja del tiempo de trabajo puede dar lugar -o no- a una imprescindible mejora del nivel de productividad y al reparto de las oportunidades de contratación existentes. Que la medida asegure los salarios de partida es un guiño a los votantes que plantea otro problema: hasta qué punto conllevaría la práctica congelación de los costes laborales en distintos sectores y empresas cuando la inflación dista de ser un recuerdo del pasado. El documento firmado por el PSOE y Sumar dibuja un Gobierno nítidamente de izquierdas cuando está a expensas de socios que no lo son, carece de una exigible memoria económica y no ofrece correspondencia alguna entre los gastos que se adivinan del enunciado de sus propósitos y los ingresos previsibles con las medidas fiscales anunciadas.

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