El nuevo curso comienza con una intensa incertidumbre sobre el futuro de la economía. Enterrados los augurios que pronosticaban una aguda recesión por la guerra en Ucrania, el fuerte repunte posterior a la pandemia ha tocado a su fin y los síntomas de enfriamiento son indiscutibles en España y -más aún- en el conjunto de la UE. El estancamiento de la actividad en Alemania en el segundo trimestre y la contracción en Italia reflejan las dificultades que arrastra la Unión. Diversos organismos internacionales apuntan que se trata de un fenómeno pasajero y confían en una pronta recuperación a la que, si son gestionados con acierto, imprimirán brío los fondos Next Generation. Sin embargo, la agresiva política monetaria del BCE para combatir la inflación y el inquietante frenazo de China no permiten descartar un largo periodo de mínima expansión en la Eurozona. La vertiginosa subida de los tipos de interés ha dañado el consumo y la inversión. Es harto significativa la retirada de más de 12.000 millones de euros en depósitos bancarios por parte de las familias españolas en el último año para afrontar la escalada de los precios y las hipotecas, y buscar una mayor rentabilidad. Mientras, el IPC en la Eurozona sigue muy alejado del objetivo oficial del 2% y la industria ha perdido pulso ante la debilidad de motores como Alemania y China. La pujanza del sector servicios ha compensado hasta ahora esos factores negativos y la fortaleza del empleo ha paliado en parte sus consecuencias sociales. La economía ha resistido mucho mejor de lo que cabía suponer los recientes tsunamis. No existen motivos para el alarmismo. Sí para advertir que ha visto mermada su capacidad de respuesta ante nuevas situaciones límite, aunque dispone de valiosas palancas como los fondos de la UE. Y que el regreso de la disciplina fiscal a la Unión obligará a inmediatos ajustes para embridar una deuda y déficit disparados en España, y así reforzar la estabilidad de las cuentas públicas y ganar músculo para encarar futuras crisis.