Diario de Navarra

No ha existido ningún sistema a lo largo de la historia o de la geografía que haya sido capaz de garantizar un mayor disfrute de derechos y libertades a sus ciudadanos que la democracia liberal en el marco del Estado de Derecho; como especie humana, todavía no hemos sido capaces de diseñar nada mejor. Sin embargo, este sistema, además de imperfecto, cuenta con vulnerabilidades. Una de ellas es la extensión del poder del Gobierno sobre el resto de las instituciones del estado, lo que en el mundo anglosajón han denominado el “engrandecimiento ejecutivo”. Esta erosión democrática es, precisamente, uno de los legados más nefastos que el actual Gobierno español deja en nuestro país tras la XIV Legislatura. Una democracia plena debe cumplir con varios requisitos más allá de la celebración sistemática de elecciones limpias. Una de las claves es la existencia de distintas instituciones entre las que se divide el poder y, lo que es todavía más importante, que el ejercicio del mismo por las instituciones se realice de acuerdo a una cultura política de respeto debido hacia el resto de instituciones. En particular, es especialmente trascendental para la protección de los derechos fundamentales que el Poder Judicial cuente con autonomía e independencia para poder cumplir con la función de sujetar al resto de poderes a los límites de la Ley para que no puedan cometer ataques contra las libertades en ella reconocidas. Sin embargo, durante los últimos años hemos podido observar una serie de acciones por parte del Gobierno español destinadas a la subordinación de muchas de las instituciones del estado. Por ejemplo, el nombramiento sin ningún reparo estético de miembros del propio Gobierno en el Tribunal Constitucional o en la Fiscalía General del Estado, el nombramiento de miembros del principal partido del Gobierno en instituciones que deberían ser apartidistas como el CIS, o el intento de reforma del CGPJ para que sus miembros fueran nombrados por las Cortes Generales mediante mayoría absoluta en vez de reforzada. Esta situación contribuyó, por ejemplo, a que España fuera calificada en 2021, por primera vez en la historia del Índice de Democracia elaborado por The Economist desde 2006, como una “democracia deficiente” en vez de como una “democracia plena” (categoría a la que regresamos en 2022). El control del Ejecutivo sobre las demás instituciones del estado tiene unos efectos muy perjudiciales. En última instancia, la concentración de poder en una persona deviene en autoritarismos que acaban por restringir los derechos fundamentales, pues ello resulta necesario para mantenerse en el poder; evitar esto es la principal razón de ser de la separación de poderes. Sin llegar a ese extremo, España ha sufrido sin embargo una clara erosión del sistema constitucional durante los últimos años. El control de las instituciones ha dañado la imagen exterior de España (e.g., la Comisión Europea se lleva pronunciado con preocupación sobre el tema en los Informes anuales sobre el Estado de Derecho), ha disminuido la calidad de las decisiones al socavar el diálogo con los demás actores sociales y políticos (e.g., el desastroso cambio de posición sobre el Sáhara Occidental no se debatió en el Parlamento), ha distorsionado los mecanismos de rendición de cuentas de los gobernantes (e.g., políticos indultando a políticos condenados) y ha fijado un peligroso precedente para futuros Gobiernos. Todo ello debilita la confianza de la población en el sistema, favoreciendo así la aparición de radicalismos, y profundiza la polarización social al excluir de la toma de decisiones a grandes sectores de la sociedad representados, por ejemplo, a través de la Oposición. Sin embargo, la separación de poderes no es una cuestión meramente jurídico-política, sino que guarda además un vínculo directo con el desarrollo económico. ¿Por qué Corea del Sur tiene estándares de vida significativamente más elevados que Corea del Norte? Apenas existen diferencias geográficas, climáticas o raciales entre ellas. Los profesores Daron Acemoglu y James A. Robinson concluyen en su libro ¿Por qué fracasan los países? que la clave para el desarrollo son unas instituciones políticas independientes en el marco de una democracia liberal que garanticen instituciones económicas inclusivas que permitan a grandes sectores de la sociedad participar de las relaciones económicas y que no representen sólo los intereses de la minoría que las pudiera controlar. Además, la seguridad jurídica que nace de un sistema de contrapesos entre instituciones fruto de la separación de poderes es esencial para crear un entorno que favorezca la inversión doméstica y atraiga a la extranjera. Por lo tanto, la crisis institucional ha debilitado también una de las bases del desarrollo económico. Es por todo ello que urge que el próximo Gobierno ponga solución a la crisis institucional en la que la actual coalición de Gobierno ha sumergido a España y devuelva la autonomía y credibilidad a las instituciones, muy especialmente al Poder Judicial. No obstante, el próximo Presidente debe ser consciente de las tentaciones que surgirán, puesto que cualquier jefe del Ejecutivo preferiría instituciones acomodaticias que no cuestionen sus políticas. Sin embargo, es aquí donde tendrá que demostrar su capacidad de buena gobernanza y, a diferencia de lo que ha ocurrido durante esta Legislatura, estar dispuesto a ejercer su poder de una forma que no le beneficie a él mismo sino al país. David Garciandía Igal Doctorando y profesor de Derecho de la UE en la Universidad de Oxford

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La crisis institucional en la democracia española

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