"Bruselas retoma las medidas de ajuste"
"Tras un tiempo marcado por las circunstancias excepcionales, se impone una gestión rigurosa y realista de las cuentas públicas, muy vulnerables en el caso de España"

Publicado el 01/05/2023 a las 06:00
El compromiso del Gobierno español con Bruselas para reducir el déficit al 3% el próximo año persigue esquivar las sanciones previstas con la reactivación del Pacto de Estabilidad, suspendido para combatir primero la crisis post-covid y luego los efectos de la guerra en Ucrania. El restablecimiento de ese tope y el del 60% del Producto Interior Bruto (PIB) en una deuda desbocada, unos objetivos hacia los que deberán avanzar de forma progresiva los socios de la Unión Europea, con unas hojas de ruta que se diseñarán a medida de cada estado miembro y en colaboración con las autoridades nacionales, que deberán comprometerse a un ajuste fiscal mínimo de 0,5 puntos del PIB al año hasta cumplir con los objetivos que marcará el Ejecutivo comunitario. Significa el final de la barra libre en el gasto público y ajustes en los países con las finanzas menos saneadas, como es el caso del nuestro. El Ejecutivo de Sánchez trata de exhibir músculo económico con el nuevo programa de estabilidad enviado a Bruselas a finales de la pasada semana. Sin embargo, fiar el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales exclusivamente a un fuerte aumento de los ingresos tributarios -como el que ha permitido bajar este ejercicio el déficit gracias a la pujanza de la actividad y el empleo, y a la alta inflación- sin practicar recorte alguno es una apuesta de cuestionable viabilidad, aunque pueda ofrecer réditos políticos. La inflación ha generado ya, y puede seguir generando este ejercicio, una recaudación suficiente como para que Administración central, autonomías y ayuntamientos opten por contenerse en gastos para tratar de invertir en pro de iniciativas económica y socialmente rentables. La deuda y el déficit públicos deben ser datos de los que los ciudadanos sean perfectamente conscientes. Tras las circunstancias excepcionales que justificaron un gasto disparado, se impone una gestión rigurosa y realista de las cuentas públicas, muy vulnerables en el caso de España, para que no sean una hipoteca insalvable para próximas legislaturas y generaciones.