Diario de Navarra

Así nos sentimos las 65.000 familias españolas, 9.000 de ellas navarras, que fuimos pioneras en el desarrollo y la producción de energía solar fotovoltaica; porque así nos los solicitó el Estado español, a través de un Boletín Oficial del Estado y de una campaña de comunicación y captación de inversores, que fue promovida por el propio Ministerio de Industria en los años 2007-2009, que son los responsables de esta situación. Decenas de miles de ciudadanos atendieron una llamada de su país, con la convicción de que el fin, madurar la tecnología fotovoltaica para descarbonizar el planeta, era loable; y que la inversión, garantizada en un BOE, era segura. Allí se fueron los ahorros de toda una vida, en la que fue la única inversión de la gran mayoría de este colectivo, que hubo de aportar sus propios domicilios como garantía, para obtener el 80% de la financiación que el propio ministerio promovía como óptimo. A los 20 meses empezaron a alterarnos el marco que motivó nuestras inversiones, con agresivos recortes a los ingresos, así que debimos refinanciarnos en masa, y fue preciso llevar los periodos de amortización a los 20 años. La fotovoltaica se maduró, que era el objetivo; los objetivos del 2020 en penetración de renovables a los que se comprometió el Estado con la Unión Europea se alcanzaron; las empresas fabricantes, suministradoras e instaladoras ingresaron por todos sus productos y servicios; los bancos realizaron su negocio, pero las 65.000 familias pioneras no obtuvieron los retornos que se les dijo tendrían. Nuestros jueces no reconocieron derecho alguno a compensación por los recortes retroactivos porque, a su parecer, debíamos saber que esto podría ocurrir. Qué bueno hubiera sido que en la campaña del IDAE esto se hubiera advertido, al menos en alguna de sus numerosas publicaciones de promoción, aunque hubiera sido en letra pequeña en alguna de las 60 páginas que solían utilizar para detallar al extremo la forma de materializar la inversión, así como su carácter ético y la solidez de los retornos. Quizá no lo hicieron porque jamás se produjo un episodio de recortes tan arbitrarios en la historia de ningún sector regulado de ningún país del primer mundo. Algo que sí debieron prever, por ejemplo, todos los agricultores jubilados que forman parte de nuestros parques y que esperaban tener un pequeño complemento de renta a sus muy mermadas pensiones. Todo esto pasó en España. Los fondos internacionales que realizaron inversiones en el mismo marco que nosotros, al no tener la necesidad de financiarse y por economías de escala, alcanzaron mayores ingresos. Aunque también sufrieron los mismos recortes, sus quebrantos eran menores, no corrieron la misma suerte que las familias españolas y, además, no debieron confiar en la justicia del Estado que les cercenó los ingresos garantizados por el Boletín Oficial del Estado, tampoco contemplaron, ni remotamente, la posibilidad de que en un país como el nuestro se pudiera correr el riesgo de la inseguridad jurídica que soportamos. Estas grandes empresas pidieron justicia en el órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial, el CIADI, que, laudo tras laudo está dando, como es lógico, la razón a los demandantes y condenando al Estado español a compensar los cuantiosos daños económicos que han tenido que soportar. Hasta 52 empresas están alcanzando una justicia que a las familias españolas nos ha sido negada. España, que se está retrasando en el pago a los primeros fondos que han conocido sus laudos favorables -con primeras noticias de embargos a España por impagos, que generan inseguridad jurídica-, ha entrado en la lista de países más morosos del mundo situándose en el segundo lugar, tras Venezuela, y podría colocarse en el primer puesto una vez vayan conociéndose los laudos que están pendientes de resolución. El acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos, en su apartado 3.5., se compromete a avanzar en la compensación del daño que soportan los pequeños inversores fotovoltaicos españoles; me pregunto si se va cumplir o no, nuestra sensación es que la legislatura se agota y volvemos a lugares ya conocidos, se lanzan argumentos falaces para silenciar a nuestro colectivo, en esta ocasión pretenden hacer creer a los ciudadanos que una medida adoptada por el Gobierno anterior da cumplimiento a dicho compromiso, cuando solo fue evitar un ajuste adicional y no compensar ningún recorte, algo que hubiera desactivado las demandas internacionales que siguen su curso y se van resolviendo condenando a nuestro Estado por haber engañado a pequeños y grandes inversores. La situación exige sentar en una mesa de negociación a los dañados, nacionales e internacionales, por los injustos recortes, y restaurar una situación de justicia; y para ello es preciso reconocer los errores y dejar de confundir a la sociedad, en un juego que a nadie beneficia porque daña la credibilidad del Estado español frente a sus compromisos internacionales y frente a la obligación de velar por sus propios inversores nacionales, especialmente cuando se trata de miles de familias con recursos económicos limitados que entraron en este sector de buena fe y llamados por el propio Estado. Si considera, lector o lectora, que en algún punto de esta triste historia hay algo que no le parezca verosímil, pregunte en su entorno, seguro que encontrará algún familiar o amigo fotovoltaico que se siente estafado por su propio Estado y que ahora se desayuna semana sí y semana no con laudos y embargos que compensa a los extranjeros; pero ¿y a nosotros que contribuimos con nuestro país? Nos duele la indignidad que tenemos que soportar y los ingresos perdidos, hemos sido engañados por el gobierno que debería velar por nuestra contribución en nuestro país, como pioneros de la energía fotovoltaica. Juan Antonio Cabrero Samaniego Vicepresidente de Anpier

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Fotovoltaicos desamparados

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