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"Vivienda, problema para el consenso"

"El Gobierno de Pedro Sánchez sitúa la vivienda en el centro de su interés solo al final de la legislatura y cuando el recurso a la Sareb es muy limitado. En Navarra suman 44 pisos"

Avatar del Editorial DN Editorial DN19/04/2023
El Consejo de Ministros acordó ayer habilitar 50.000 pisos pertenecientes a la Sareb atendiendo al anuncio que Sánchez hizo ante la convención municipal del PSOE. Esa medida, junto a la tramitación del proyecto de Ley de Vivienda, sitúa el tema en el centro de la campaña para las elecciones del 28-M. Un período más propicio para la confrontación que para alcanzar un consenso político e institucional duradero ante uno de los problemas que más acucian a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, cuando tanto la norma anunciada como, sobre todo, el recurso al ‘banco malo’ se encuentran lejos de resolver la cuestión. Recuérdese que por razones competenciales, dado que la vivienda forma parte de las materias autonómicas, las iniciativas del Gobierno central podrían ser ineficaces no solo si se producen discrepancias entre administraciones; también si comunidades y ayuntamientos rehúsan implicarse en su desarrollo. De modo que mientras los dos principales partidos, PSOE y PP, no establezcan unas bases comunes de actuación, la contraposición entre las acciones que pretende impulsar Sánchez y las que ayer expuso Feijóo para estimular alquileres y compras tenderá a perpetuar el problema. La vicepresidenta Calviño, recordó ayer que en España solo el 3% del parque de viviendas es público, frente al 9% de la media de la Unión. El Gobierno ha escenificado su propósito de que nuestro país se equipare a los niveles europeos. Pero lo ha hecho al término de la legislatura, tras desaprovechar tres ejercicios presupuestarios. Cuando incluso de los activos de la Sareb solo puede ofrecer en lo inmediato 9.000 pisos. En Navarra, según los datos serían 44 viviendas, y sólo dos de ellas en Pamplona. Para que la intervención normativa sobre el mercado pueda aliviar la situación de los más necesitados, la tramitación parlamentaria del proyecto debería centrarse en la prevención de los efectos adversos que la ley podría acarrear, entre otros en cuanto al retraimiento de la oferta de alquiler. Una realidad que se antoja más que posible.
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