La junta de accionistas acordó finalmente trasladar la sede social de Ferrovial a Países Bajos. El presidente de la firma había asegurado en su intervención inicial que la propuesta no obedecía a motivos fiscales, que la sociedad seguirá manteniendo su presencia y sus planes de inversión en España, reivindicándola como una empresa española. Del Pino subrayó además que el traslado de domicilio no sólo representaba el parecer de sus directivos y de sus accionistas, sino que estaba siendo refrendado en su cotización bursátil. El objetivo defendido por los máximos responsables de la compañía sería proseguir en su internacionalización desde la plaza europea creen más adecuada. Tanto para cotizar simultáneamente en las bolsas de Madrid, Ámsterdam y Nueva York como para acceder a nuevos mercados y a más inversiones. La primera noticia sobre las intenciones de Ferrovial aludió a problemas de inseguridad jurídica que, con su marcha, trataría de sortear la compañía. Un argumento que no ha reaparecido. El escrutinio entre un 77,6% de accionistas que participaron en tan decisiva junta desoyó las advertencias del Gobierno Sánchez, dirigidas en los últimos días a persuadirlos para oponerse a la operación. Ello después de que tanto el presidente como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la titular de Hacienda y número dos socialista, María Jesús Montero, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se hayan prodigado en mensajes que han ido del agravio patriótico al anuncio de medidas correctivas. A las que ayer se sumó Ione Belarra exigiendo la devolución de las ayudas recibidas por Ferrovial durante la pandemia. Toda decisión empresarial de relevancia es susceptible de discusión pública. Sobre todo cuando supone un cambio de domiciliación que pudiera cuestionar la solvencia institucional del país de origen. Pero el Ejecutivo se empeñó tanto en afear el paso de Ferrovial que ahora no puede sino sumirse en el silencio, y dirigir su empeño en crear un entorno atractivo para el crecimiento económico.