Pedro Sánchez anunció ayer los nombramientos de José Manuel Miñones y Héctor Gómez como ministros de Sanidad e Industria en sustitución de Carolina Darias y Reyes Maroto, que abandonan sus puestos para optar a las alcaldías de Las Palmas y Madrid. Desde que ambas fueron nominadas han trascurrido cuatro meses en los que han debido simultanear ambas funciones. Es muy dudoso que ese tiempo al frente de sus departamentos haya servido para realzar su figura pública de cara a las elecciones. Pero es seguro que no ha contribuido a que desempeñen de la mejor manera sus tareas oficiales ni a evitar un ambiente de provisionalidad tanto en el Gobierno como en sus relaciones con los interlocutores de otras administraciones y de los sectores afectados. Esta remodelación de trámite es la segunda del Ejecutivo. Las razones de los cambios introducidos por un presidente en su equipo nunca se explicitan del todo. Ya los que Sánchez introdujo en la relación entre partido y Gobierno al convertir a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, en vicesecretaria general del PSOE y a la de Educación, Pilar Alegría, en portavoz de Ferraz atestiguaron que no acababa de encontrar la fórmula idónea. Ayer incorporó al Gabinete a dos socialistas con perfil político y una escasa proyección pública. La designación del hasta ahora delegado en Galicia y del exportavoz en el Congreso en sustitución de dos mujeres adapta el Consejo de Ministros a la futura ley de paridad y hace presagiar un continuismo en sus áreas durante los meses que restan de legislatura, que no deben darse por amortizados y coincidirán con la presidencia de turno de la UE. El presidente ha optado así por un reajuste mínimo para afrontar la doble cita electoral hasta diciembre. Su anunciado propósito de repetir la coalición tras las generales requeriría no solo un cierre de mandato que refuerce al PSOE en las urnas, sino también una pujanza de las fuerzas a su izquierda poco compatible con el rifirrafe público entre Yolanda Díaz y Podemos.