"Huelga de los letrados de la Administración de Justicia"

Los letrados de la Administración de Justicia están de huelga indefinida desde el 24 de enero 2023, con un seguimiento en Navarra del 50% (a nivel nacional 80%). Somos pocos y solo tenemos el apoyo de nuestras asociaciones (UPSJ y CNLAJ), pero nos sentimos cargados de razón para hacer huelga. Hace 14 años nos atribuyeron más de 300 nuevas funciones sin la correlativa adecuación salarial. Ahora hay una ley obligando al ministerio a esa adecuación salarial y hay un compromiso del ministerio de abril 2022; con todo esto, esa adecuación no está en el BOE ni en nuestras nóminas. Hemos llegado al límite y hacemos huelga, un derecho constitucional. La respuesta del ministerio, que se llama de Justicia, es insultarnos, menospreciarnos y retrasar la negociación del conflicto. Tras 15 días de huelga indefinida, Justicia ha dilatado 8 días el llamamiento al comité de huelga. Más de 100.000 juicios ya suspendidos en España y 450 millones de euros pendientes de pagar se incrementarán con otras 50.000 suspensiones y 200 millones adicionales. Esta situación afecta gravemente al funcionamiento de la Justicia, a importantes colectivos profesionales y a miles de ciudadanos. ¿A qué puede deberse esta pasividad del ministerio? ¿Quién paga las consecuencias de esta huelga? ¿Se puede evaluar cómo y cuánto afecta a Navarra? En primer lugar, la huelga la pagan los propios letrados de la Administración de Justicia, que ven reducida su nómina por los días que no trabajan. En Navarra afecta poco porque no llegamos a 50 letrados (4.000 en toda España). El Ministerio de Justicia, por su parte, ahorra cada mes de huelga 6,5 millones en todo el país. Abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, peritos…, con un 50% de seguimiento de la huelga en Navarra, también experimentan un 50% de reducción en los ingresos de sus actuaciones judiciales. Muchos de estos profesionales no trabajan únicamente en el ámbito de los juzgados, también realizan otras labores sin relación directa con los procesos judiciales, y están sufriendo una pérdida de ingresos estimada en 25 millones al mes de los que un 20% corresponde a impuestos, unos 5 millones de euros. Con esos ingresos, los profesionales navarros afrontan sus gastos diarios y extraordinarios: van al supermercado, compran libros, ordenadores o coches, pagan el alquiler, ahorran, van a restaurantes o al teatro, contratan una casa rural, etc. Algunas de esas actividades las reducirán, retrasarán o suprimirán a consecuencia de la reducción de sus ingresos. Esos 20 millones están perdiendo su poder multiplicador y dinamizador de la economía de la región, desencadenando otra serie de disminuciones en el poder adquisitivo de otros ciudadanos y también de la Hacienda Foral, repercutiendo al final en todos los navarros. No podemos olvidar a los que están esperando un juicio o esperan que se les pague lo que se les debe, esos 5 millones paralizados a causa de la huelga y que están en la cuenta de los juzgados, cuenta de la que es titular… ¡el Ministerio de Justicia! Así unos pocos cientos de particulares soportan una parte del coste económico de esta huelga, esos 5 millones de euros al mes, pero para algunos el impacto moral es mayor que el económico. Por ejemplo, aquellos que esperan con incertidumbre una sentencia o que se levante un embargo porque ya han pagado la deuda, los que quieren casarse -o divorciarse-, etc., pues los letrados de la Administración de Justicia intervenimos en todo lo judicial y en Registro Civil. Ese dinero llegará a sus destinatarios más tarde o más temprano; pero hay un gasto nuevo: los sindicatos generalistas ya han advertido que ellos no van a recuperar gratuitamente el retraso causado; piden aprobar planes de actuación para los funcionarios, en otras palabras, pagar horas extras a los 8 funcionarios que cada juzgado tiene de media. De experiencias pasadas calculamos esta factura en 150.000 euros por cada mes de huelga, si se consigue restringir el gasto solamente a los juzgados en los que tal huelga ha existido. Esta factura recaerá toda en el Gobierno de Navarra. Nosotros somos conscientes, desde el primer día, de que tras las frías cifras que llevamos semanas haciendo públicas, detrás de cada número, hay al menos un ciudadano al que la negligencia del Ministerio de Justicia está perjudicando. Pero es que al ministerio la huelga le sale más que gratis, le sale a ganar. Los profesionales y particulares verán retrasada la recepción de lo que legítimamente les corresponde, pero la factura de verdad recaerá al final sobre las Haciendas y consejerías de Justicia de las CCAA, que son quienes tendrán que asumir el coste efectivo de esta huelga. Estas consideraciones me llevan a la conclusión de que Navarra es una víctima más del Ministerio de Justicia y su desidia. Y yo me pregunto, os pregunto a todos: ¿está haciendo algo Navarra, su gobierno, para defender los intereses de los navarros? Luis Jiménez Alonso Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 5 de Pamplona. Miembro de UPSJ-Navarra

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