Diario de Navarra

El presidente andaluz, Juanma Moreno, cumpliendo con sus promesas electorales, ha presentado un proyecto de ley al Parlamento andaluz, con el objeto de suprimir el impuesto sobre el Patrimonio con efectos de 2023, así como otras medidas, la deflactación de la tarifa del IRPF en el tramo autonómico. Su anuncio, siguiendo la estela de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, ha concitado las iras del Gobierno central, primero por boca del ministro Escrivá (el de las pensiones), que a preguntas del periodista Carlos Herrera, se pronunció en favor de una “recentralización” impositiva, luego corregida -tras el rapapolvo de los socios catalanes- y que más tarde la ministra de Hacienda Montero, ha hablado de “armonización fiscal”, que suena mejor, con el fin dijo de evitar un “dumping” fiscal. La supresión del impuesto sobre el Patrimonio no es seguramente la panacea que necesita nuestro sistema fiscal, pendiente de una gran reforma, pero sí supone un alivio en las economías de clase media, máxime en el marco de las competencias financieras de las CC.AA. En el caso de Andalucía, la medida ha venido acompañada de un reclamo al empresariado catalán, abrasado a impuestos en el Principado, para que inviertan en dicha comunidad. Como vivimos en tiempos electorales, pues las autonómicas y locales están a la vuelta de la esquina, toda medida de reducción de impuestos tiene un componente electoral, pero que en el caso de Andalucía sirve además para marcar distancias con los cuarenta años de gobierno socialista, cuyo manejo de los ERES con Chaves y Griñán al mando, dicen poco en favor de un sistema tributario justo en el ingreso y sobre todo en la distribución del gasto. Pero hagamos un poco de historia fiscal del impuesto sobre el Patrimonio. Siendo ministro de Hacienda Francisco Fernández Ordóñez con Adolfo Suárez, se introdujo el impuesto sobre el Patrimonio en el marco de la reforma fiscal que modernizó el sistema tributario español (Ley 50/1977, de 14 de noviembre, de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal). El impuesto sobre el Patrimonio se vendió entonces como la guinda progresista. Se invocaba el caso de Suecia, que era el modelo donde nuestros legisladores se orientaron o, al menos, eso contaban los expertos. Durante mucho tiempo fue un impuesto residual en materia recaudatoria (impuesto censal se le denominó) y solo cuando se configuró como impuesto cedido a las CC.AA (a partir de la Ley 91/1991, de 6 de junio y LOFCA, luego reformado), éstas ávidas de recursos lo instauraron, hasta que la competitividad fiscal entre Comunidades condujo también a su desaparición, bajo la ilusión fiscal de atraer capital e inversiones. Su supresión vino además motivada por el convencimiento de que su escaso peso en la recaudación lo hacían prescindible y sobre todo porque era un lugar común que tal como estaba formulado era un impuesto injusto, que afectaba a las sufridas clases medias, mientras que las rentas altas, escapaban con comodidad a su sujeción. Pero eso es historia, pues luego, salvo Madrid, Andalucía y ahora Murcia, las CC.AA alentadas por la necesidad más ideológica que recaudatoria, han reinstaurado el impuesto, con las críticas ya conocidas. La diversidad entre Comunidades en cuanto al mínimo exento es evidente. Navarra coincide con Cataluña en declarar exentas de la tributación las viviendas hasta 550.000 euros. Otras haciendas forales son más generosas. Como viene señalando la doctrina tributaria, la introducción o no de un impuesto sobre el Patrimonio es una cuestión opinable puesto que con ciertos retoques en otras figuras impositivas puede no penalizar el ahorro o, al menos, no penalizarlo en exceso. Pero no en su formulación actual. De ahí que la CC.AA con gobiernos de orientación liberal en lo económico, lo supriman o lo alivien, y otros socialistas lo mantengan. Ha hecho bien, por tanto, Andalucía en esta coyuntura a la vista de su carácter ideológico, suprimir el impuesto sumándose a Madrid, para que ante la ausencia de la viabilidad y necesario consenso para llevar a cabo una reforma fiscal global, se reintroduzca el debate sobre la competitividad fiscal y sobre su necesidad. Seguramente la batalla seguirá en los tribunales (en especial el TC) y de ahí el interés del Gobierno de Sánchez en su control. Manuel Pulido Quecedo Doctor en Derecho Constitucional

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Un reclamo al empresariado catalán, abrasado a impuestos

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