Diario de Navarra

El inicio del periodo veraniego de agosto que marca el final del curso político, suele traer siempre alguna novedad legislativa. En nuestro caso, el Decreto-ley 14/22, de 1 de agosto, que con el fin de regular algunas medidas energética necesarias -se dice- por imperativo y solidaridad con la Unión Europea, a propósito del corte de gas de Rusia, constituye un verdadero caballo de Troya, al incluir mercancía no declarada, que permite calificarlo ya como un nuevo Decretone, es decir, como una norma en la que se incluyen pluralidad de modificaciones legales inconexas unas de otras. No es extraño, por tanto, que ya algunas CC AA o algunos de sus dirigentes hayan expresado con mayor o menor rotundidad su rechazo a alguna de su medidas, sobre el control de temperatura en establecimientos comerciales así como otras sobre alumbrado de escaparates y vías públicas. Pues nada menos que hasta noviembre de 2023 se pretende su vigencia, entrando en vigor alguna de sus medidas legislativas en enero de 2023. Todo ello desvirtúa su necesidad puesto que su pretendida urgencia carece de tal exigencia, al no observar el decreto-ley de su necesario presupuesto habilitante, es decir, de la extraordinaria y urgente necesidad, para hacer cambios que exigen mayor reflexión y mejor redacción legal, salvo que sea una suerte de anuncio del edicto del pretor sobre convocatorias electorales. Vaya por delante que no puedo entrar en el examen de los numerosos cambios legales que el Decretone impone, así como que va de suyo, que cualquier ciudadano europeo es sensible a la necesidad de ahorrar energía -por su alto precio y escasez-, razón por la que los gobiernos y entes públicos en general deberían dar ejemplo, utilizando los servicios de transportes públicos y no abusando de las facilidades utilitarias de los cargos públicos, pues ya se sabe que una cosa es predicar y otra dar trigo. Pero es una verdad de Perogrullo que no es lo mismo limitar la temperatura de establecimientos comerciales y procesos industriales en Helsinki que en Sevilla o en Tudela, en este caluroso verano. Se debe ahorrar, bajo el lema europeo: “Save gas for a safe winter” (ahorrar gas para un invierno seguro), pero con un poco más de precisión y no a golpe de “ocurrencia” como si el legislador veraniego imitase a los pintores de brocha gorda. Veamos alguna de las medidas adoptadas. El Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización (temperatura a 27 grados) exige cambios legales en el Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE), pero como dicha disposición legal transpone a Derecho español, la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, de eficiencia energética de los edificios, el legislador competente para establecer dichas medidas no será siempre el Estado, sino que tal como dispone dicho Reglamento, lo serán las CC AA con competencias en la materia que hayan aprobado normas de transposición de la Directiva, puesto que la ejecución del Derecho comunitario se lleva a cabo con arreglo al sistema de distribución de competencias constitucionalmente establecido y no por medio de un decreto-ley. De igual modo podríamos fijarnos en el Reglamento de eficiencia energética que es el que da cobertura para que el alumbrado público se apague a las 22 horas, pero no quiero cansar al lector. El Real Decreto-ley 14/22, como tantos otros, es una chapuza desde el punto de vista de la homogeneidad y técnica legislativa y desde el respeto a la legislación y competencia de las CC AA. No es, por tanto, ningún contrafuero, alzar la voz frente al poder inconstitucionalmente ejercido.

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No es lo mismo limitar la temperatura en Helsinki que en Sevilla o Tudela

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