La otrora parlamentaria y portavoz de Podemos, Laura Pérez, aquella que fue contratada ilegalmente por el Concejo de Artica que presidía mamá y vicepresidía papá; aquella que hizo el más espantoso de los ridículos dialécticos explicando en una comisión parlamentaria el pago de plusvalías municipales; aquella que fue expulsada de Podemos por infringir gravemente el código ético del partido, presentaba en el último Pleno de la pasada legislatura, y como broche de hojalata a su paso por el Parlamento, una moción por la que se instaba al Gobierno de Navarra “a integrar la memoria de las víctimas de la caza de brujas en el seno del Instituto de la Memoria”. Laura Pérez hizo un repaso sobre “la violencia que sufrieron miles de mujeres en toda Europa bajo la denominada caza de brujas que tuvo lugar durante varias generaciones, fundamentalmente a partir de los siglos XVI y XVII, algo que todavía hoy sigue perdurando en el olvido”. Pérez aludió a la quema de las brujas de Zugarramurdi, localidad donde existe un museo gestionado por mujeres “que contribuye a un desarrollo local sostenible” (¿?). Prolijo relato de Laura Pérez hecho, por supuesto, con perspectiva de género. En ese mismo Pleno, Bildu se tomó muy en serio el tema y quiso matizar la moción de Laura Pérez diciendo que “aquí se hace una lectura desde la perspectiva de género, lectura que nosotros compartimos en gran medida o en su totalidad, pero tenemos la sensación de que el imaginario, la imagen o la lectura que hace la sociedad de aquella caza de brujas es otra”. ¡Vaya por Dios! ¿Y cuál es la otra lectura que hace Bildu? Pues que las mujeres que fueron juzgadas y ejecutadas, eran vascohablantes. Acabáramos. Que no le falte a Bildu el victimismo lingüístico. ¿Y la lectura para el resto de mujeres de toda Europa que fueron igualmente víctimas de la caza de brujas y no eran vascohablantes? Pregunto. Geroa Bai aprovechaba su intervención para mandar un saludo y su solidaridad con la localidad de Zugarramurdi a la vez que consideraba que el contenido de la moción no puede ser considerado memoria histórica, sino una “ocurrencia”; alguien lo tenía que decir, aunque la ocurrencia fue igualmente aprobada por el cuatriparido y los votos en contra de UPN y PP. La moción, que contó con una partida presupuestaria de 50.000 euros para la realización y desarrollo de la misma, se ha pasado tres años en un cajón hasta que Adolfo Araiz preguntó el pasado febrero al Gobierno de Navarra por el cumplimiento de la misma. La respuesta del Gobierno, por parte de la consejera afecta que lo era también cuando se aprobó dicha moción, ha sido que los hechos y procesos históricos (caza de brujas) “quedan fuera de la competencia de la dirección general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos”. ¡Joerse! ¿Una hora de debate en un Pleno y una asignación de gasto de 50.000 euros para desarrollar una moción que queda fuera de la competencia del Gobierno? ¿Nos toman el pelo? ¿Por qué el Parlamento de Navarra no hace algo útil y se suma a la investigación que tiene abierta la justicia argentina a 22 miembros de la antigua Batasuna, entre ellos el parlamentario Adolfo Araiz, y a 19 jefes de la banda terrorista ETA, por delitos de lesa humanidad ocurridos en los siglos XX y XXI? Por ejemplo.

Y mientras una patulea de políticos se mueven en el metaverso, piden que se investiguen hechos acaecidos en los siglos XVI y XVII y nos dicen lo bonito que es Candanchú con nieve, la tasa anual del índice de precios al consumo (IPC) se ha situado en el mes de marzo en un histórico 9,8%; miles de familias no pueden llegar a final de mes; 55.000 navarros esperan una primera consulta médica y 7.500 esperan a ser operados; miles de ciudadanos no tienen acceso a las oficinas del Instituto de la Seguridad Social para realizar necesarias y urgentes gestiones; se cierne la sospecha de que los servicios de información del Estado han utilizado un programa informático para espiar las comunicaciones de dirigentes catalanes; el entramado de Bildu/Sortu sigue sin condenar el terrorismo de ETA y siguen sin esclarecerse 379 asesinatos de la banda mientras algunos de los asesinos están gozando de beneficios penitenciarios a pesar de no colaborar con la Justicia; el gobierno español infringe permanentemente la Ley de Transparencia utilizando una ley franquista para no revelar determinada información; el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales algunos de los decretos del gobierno de Pedro Sánchez que ha convertido a España en un sistema presidencialista… Y la izquierda, que tiene su nivel de exigencia bajo mínimos, tragándoselo todo sin rechistar.

“La idiotez es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás” (Voltaire).

Chon Latienda Urroz Comentarista política