El prestigio de los poderes públicos y el buen funcionamiento de los mecanismos establecidos para su control son piezas básicas para preservar la salud de una democracia. Su deterioro alimenta la desafección ciudadana respecto a las instituciones, lo que abre la puerta a populismos extremistas y socava los cimientos del sistema. De ahí que resulte primordial actuar con la máxima agilidad y contundencia contra los fenómenos más dañinos en ese terreno. Pocos hay que lo sean tanto como la corrupción. La sucesión de escándalos en las últimas décadas ha hecho un flaco favor a la reputación de la clase política y alimentado la imagen de un persistente saqueo del dinero de todos en medio de un clima de impunidad. Ha habido pelotazos de una cuantía muy superior, pero pocos más obscenos que el protagonizado por Luis Medina y Alberto Luceño por intermediar en la compra de mascarillas y guantes para el Ayuntamiento de Madrid en los momentos más angustiosos de la pandemia. Los 6 millones de euros que se embolsaron por un contrato de 16 aplicando precios desorbitados a artículos que en parte eran de pésima calidad retratan a unos comisionistas sin vergüenza ni escrúpulos. La compra con sus ganancias de una quincena de coches de alta gama o un yate indignan a cualquier ciudadano decente. Cuantos más detalles se conocen, más explicaciones debe dar el alcalde José Luis Martínez-Almeida, ante la sensación de que resulta muy fácil esquilmar las arcas públicas. La excepcional situación generada por la covid obligó a las instituciones de todos los colores políticos a habilitar procedimientos de urgencia sin los controles habituales, lo que dio pie a repugnantes abusos. Contratos a dedo de diversas administraciones por valor de 6.500 millones están bajo la lupa de los tribunales. Aclarar los hechos y depurar las responsabilidades penales o de otra índole que correspondan es una necesidad no solo para hacer justicia, sino para defender el sistema democrático de la corrosiva corrupción.