La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha convocado una manifestación en Madrid en contra del Gobierno, al sentirse traicionados por la política antiterrorista. El ministro de Interior aseguró a las asociaciones de víctimas que no existía una estrategia para modificar la política penitenciaria más allá de la mera aplicación de la Ley. Sin embargo, y mediante un informe realizado por una institución tan poco sospechosa de falsear datos como lo es la Guardia Civil, se ha podido saber que un alto responsable de prisiones estaba constantemente en contacto con Bildu, informaba de posibles traslados, mientras que los presos de ETA hacían llegar a sus interlocutores una “lista de prioridades” y aludían al “doping”, en referencia a ese alto responsable, para favorecer a los presos.

Es verdaderamente difícil entender que sin que haya existido una modificación en la política penitenciaria en el Gobierno, actualmente solo unos 70 presos no se encuentren ya en cárceles de País Vasco o Navarra, incluidos varios etarras responsables cada uno de una docena de asesinatos.

Es muy complejo entender que, sin un cambio de política penitenciaria, este Gobierno haya trasladado de cárceles a 302 presos de la banda terrorista, y que a ninguno de ellos se haya reclamado colaborar con la Justicia, pedir perdón a las víctimas ni arrepentimiento.

Es difícil de entender cómo en los últimos años, la cárcel de Pamplona ha pasado de no tener presos de ETA en sus instalaciones a acoger a un grupo de 11 presos, con presencias tan destacadas como la de Kantauri, ex jefe de ETA, a quien el ministerio del interior atribuía la comisión de más de una docena de asesinatos como miembro de distintos comandos, más las responsabilidades que pudieran derivarse de su condición como jefe de ETA. Comparte recinto con Igor Portu, responsable del atentado de la T4 de Barajas, en la que murieron dos ciudadanos ecuatorianos.

Es difícil explicar cómo de del examen del móvil incautado al etarra José Antonio López Ruiz, asesino de Yoyes y de otras doce personas, que aún adeuda 1,8 millones de euros en indemnizaciones a sus víctimas según distintas fuentes periodísticas, se demuestre la existencia de 28 conversaciones con los personajes que llevaban las conversaciones directas con el Gobierno para acercar a determinados presos, acercamientos que fueron produciéndose.

Es difícil de entender para todas las personas, pero sobre todo para las víctimas, que esta persona, con el historial descrito, pueda ser ahora responsable de la acogida de los presos etarras que salen de prisión y de su reinserción en un partido político legalizado.

Mientras esto ocurre, el ministro Marlaska tiene paralizada en un olvidado cajón, la reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Dicha ley, establece indemnizaciones por daños personales a cargo del Estado diferentes en función de que haya habido o no sentencia en el caso de que se trate. Las víctimas cuyo caso no se ha esclarecido por sentencia, cobran exactamente la mitad de los que sí han tenido una sentencia condenatoria, siendo mayoría aquellos que no han tenido ni tan siquiera la suerte de saber que los autores del crimen contra un ser querido fueron condenados por esos hechos. Juega además en su contra de forma inexorable el límite del plazo de la prescripción de los delitos, lo que hará que la inmensa mayoría de los casos queden sin resolver, y por lo tanto sus víctimas sin recibir la mitad de las indemnizaciones. Ya en 2016 el Defensor del Pueblo de España recomendó equiparar dichas indemnizaciones entre las personas que obtuvieran sentencia y las que no las hubieran obtenido.

Además, Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo es un instrumento esencial para, mediante su modificación, prohibir o sancionar los recibimientos a presos de ETA. En este sentido cabe recordar que UPN exigió al Gobierno de España la tramitación de dicha modificación de la ley antes del actual periodo de sesiones (mes de junio), a cambio del voto a favor de la reforma laboral. Francamente, entiendo que el acuerdo que el PSOE no tiene que cumplir con UPN, porque dos diputados de UPN se saltaron la disciplina de voto en la votación de la reforma laboral a la que iba unida este acuerdo, sí debe cumplirlo con la sociedad. Porque lo que es ética y moralmente exigible no debe depender nunca de si se ha pactado o no a cambio de algo con otro agente político.

Ante esta situación descrita de acercamiento masivo de presos que a ninguno de ellos se haya reclamado colaborar con la Justicia, pedir perdón ni arrepentimiento, no es de extrañar que las víctimas se sientan traicionadas por este gobierno y decidan manifestarse públicamente. Moralmente merecen toda la solidaridad y apoyo.

Juan Frommknecht Lizarraga Abogado