El mundo rural se manifestó el domingo en Madrid para reivindicar las reclamaciones que estaban ya presentes en las movilizaciones de agricultores y ganaderos anteriores a la pandemia, y que el incremento del precio de los combustibles ha hecho aún más justas. El Gobierno está obligado a situar entre las prioridades de la política pública la atención al medio agrario y la viabilidad de sus explotaciones. No vale estar hablando todo el día de la España vaciada y dejar abandonado al sector primario. No hay entre las demandas expuestas nada que no sea razonable e incluso urgente. Los costes de producción se han disparado más que en ningún otro sector económico, sin que ello haya repercutido en los precios en origen. La Ley de la Cadena Alimentaria está condicionada por la existencia de una alargada intermediación en la distribución, con sus propios intereses, sin que existan ni pautas ni inspecciones suficientes para asegurar el cumplimiento estricto de la norma y evitar la venta a pérdidas en cualquiera de sus eslabones. El Gobierno tiene previsto responder también a los manifestantes el próximo 29 de marzo, y no antes. Pero si lo que pretende es diluir la extensa problemática del campo en un plan contra las consecuencias de la guerra en Ucrania tendrá que arrostrar un descontento creciente en la España vaciada. Y junto al campo, el sector del transporte sigue con sus movilizaciones por toda España, porque el alza de los carburantes les impide compensar los costes con los ingresos. El ofrecimiento del Gobierno de Sánchez a los profesionales del transporte de una reducción “efectiva” en el precio del carburante equivalente a 500 millones de euros es un intento de parar las movilizaciones que tantos perjuicios están ocasionando especialmente en la industria. En las próximas horas se podrá comprobar el éxito o fracaso de la propuesta gubernamental, pero el descontento en amplios sectores productivos y sociales está calando ante una inflación galopante y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo.