Los veinte años del euro han ofrecido a España un marco de desarrollo y progreso que parece que hubiera sido impensable de mantener nuestro país una política monetaria propia. El euro ha aportado estabilidad a la economía española y a nuestras cuentas públicas, propiciando la convergencia con los países centrales de la Unión Europea. En estas dos décadas, la renta per cápita ha pasado de 17.200 a 23.693 euros, aunque la media europea está en 33.260 euros. La notable mejora puede generar frustración al compararnos con otros socios. Pero las desigualdades en la Unión no son, en términos relativos, mayores que las que presentan las diferencias entre las distintas comunidades autónomas. No hay constancia de que la pertenencia al euro haya limitado el potencial de crecimiento y bienestar de nuestro país. Más bien se trata de que España y su administración territorial no han optimizado todas sus posibilidades. La constatada ineficiencia en el aprovechamiento neto de las diversas líneas de financiación europea zanja la discusión sobre lo que el euro ha dejado de aportar a nuestro país. Una ineficiencia que debe ser corregida para que la llegada de los ansiados fondos europeos de recuperación tenga el impacto deseado. El euro soportó una situación límite a raíz de la crisis financiera de 2008, hasta el punto de que se temió el colapso del sistema monetario europeo. Continúa el debate sobre si el Consejo, la Comisión y el BCE podían haber reaccionado con anterioridad para evitar los rescates de país o sobre el sector financiero. Solo queda el trazo grueso de la crítica a la inacción frente a aquella crisis, en contraste al despliegue del Next Generation ante los efectos de la pandemia y a la cobertura prestada por el BCE a la deuda. A estas alturas parece imposible abrir una discusión a fondo y explícita sobre las fallas de dos décadas de euro, tanto a nivel europeo como en su concreción nacional. Pero es ineludible concluir que, asegurado un marco de estabilidad monetaria, la Europa del euro debe dar pasos más ambiciosos hacia la integración fiscal, el avance tecnológico y sostenible y la cohesión social.