El proyecto de Presupuestos Generales para 2022 superó ayer la penúltima prueba de su tramitación parlamentaria, con la votación favorable del Senado, para ser finalmente aprobado por el Congreso el próximo 28 de diciembre. Las transacciones sobre partidas presupuestarias y sobre distintos temas de carácter político e identitario han permitido al Ejecutivo Sánchez sortear las dificultades que entraña la fragmentación de unas Cortes polarizadas. Aunque resulta imposible enunciar con certeza los términos del intercambio entre el tándem PSOE-Unidas Podemos y cada uno de los grupos que secundaron la investidura del actual presidente. Es de sobra conocido que estos últimos han concedido al Gobierno aquello que en realidad compartían con él: el objetivo de la estabilidad precisa para prolongar la legislatura hasta 2023 de la que dependen también las aspiraciones de ERC, PNV, EH Bildu y los demás aliados. El mantenimiento de la mayoría actual ofrece a todos estos partidos la oportunidad de obtener más réditos durante los dos próximos años. Al tiempo que les permite disponerse a afrontar el nuevo ciclo electoral en condiciones favorables. Pero quedan notables sombras sobre aquellas otras contrapartidas que comporta la aprobación del proyecto presupuestario. No hay constancia escrita, fehaciente y definitiva, de cada uno de los acuerdos. Con lo que la negociación partidaria acaba incumpliendo los requisitos de transparencia que ha de reunir toda tramitación parlamentaria. El Gobierno se ha mostrado igualmente opaco al tratar de amortizar el debate sobre los ingresos, los gastos y las inversiones contemplados en las Cuentas de 2022. Empezando por eludir la discusión sobre la tasa de crecimiento para el cierre de este año y el desarrollo del próximo. No son pocos los organismos públicos y privados que han advertido al Ejecutivo de Sánchez de la imposibilidad de cumplir con el crecimiento económico previsto. Se ha evitado el debate sobre la solvencia de la recaudación pretendida. La orientación de los fondos europeos o la distribución territorial del erario disponible.