"Navarra necesita una ley de ordenación sanitaria"

Nuestro sistema de salud arrastra desde hace tiempo importantes problemas, agravados por la pandemia. Para mejorar esta situación se ha presupuestado una importante cantidad, que procede de fondos europeos, para alta tecnología en los hospitales y para mejorar las estructuras de atención primaria. El Gobierno de Navarra también ha anunciado un aumento de la plantilla de enfermeras y de la financiación para la atención primaria. Bienvenidos sean ese aporte de fondos, y esa incorporación de profesionales, pero no parece existir ningún proyecto para la necesaria transformación del sistema de salud. Ni se tienen noticias de la concreción del plan de atención primaria que presentó el departamento de Salud en el Parlamento, ni se ha hecho público ningún plan específico para los hospitales públicos. Esa transformación precisa una ley de ordenación sanitaria que remueva los obstáculos ahora presentes y establezca el marco legal para los necesarios cambios del sistema de salud. La pertinaz autarquía de nuestro sistema público ha demostrado su falta de eficacia. A pesar de las periódicas acciones para reducir listas de espera, no se han conseguido resultados ni significativos, ni que se mantengan en el tiempo. Por otra parte, el crecimiento de las plantillas no se ha visto acompañado de reducciones en las listas de espera. Esta situación se agrava por la escasez de médicos especialistas en Medicina de Familia, en Radiología y en Rehabilitación, entre otros. No se puede pretender que el sistema público se haga cargo de todo y en todo momento. Valga como ejemplo cómo se ha resuelto la asistencia de radiología en el hospital de Tudela durante el verano. Todo ello hace imprescindible la creación de una red de hospitales públicos y privados que cooperen entre sí y que compitan por la calidad y eficiencia de sus servicios, conceptos que no son opuestos. Esta integración funcional debe incluir a la atención primaria. La reforma del sistema de salud de los años 80 consolidó la separación de la atención primaria de la hospitalaria para asegurar el desarrollo del primer nivel asistencial, pero no se han tenido en cuenta los cambios demográficos ni tampoco la evolución de la asistencia desde entonces. Como el paciente es el mismo en los dos niveles, es lógico que esos dos niveles constituyan un todo, en particular en el área asistencial. A la red asistencial formada por la atención primaria y los centros públicos y privados, deben incorporarse las dos universidades, los centros de investigación; y la industria del sector; que conformarían la red de excelencia que se merecen nuestros ciudadanos y que además generaría riqueza para nuestra comunidad. El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea es un organismo autónomo que ya no es autónomo porque se ha convertido en un servicio más de la administración. Es necesario que se recupere esa autonomía, que se elimine la gestión puramente administrativa y que se sustituya por una gestión innovadora y estratégica tanto en las áreas de gestión económica y de profesionales, como en la asistencial. Por ejemplo, los procedimientos de contratación o concertación de hospitales y otros servicios no tienen en cuenta ni los derechos de los pacientes ni la organización sanitaria, ni desde luego tienen al paciente en el centro de atención. Tampoco los procedimientos de contratación de profesionales. Lo inapropiados que son los procedimientos de contratación pública para establecer las relaciones entre el sistema público y los hospitales y otros servicios de salud privados, se confirma porque el Hospital San Juan de Dios continúa sin concierto varios años después de haber expirado el anterior y el de la Clínica Universidad de Navarra también está vencido. A cualquier médico que se le diga que la asistencia a su paciente se fracciona en “lotes” como prefiere la ley de contratos, no entenderá nada y con razón, porque esa fragmentación es contraria al principio elemental de continuidad asistencial. La aplicación de la ley foral de contratos públicos no aporta mejora alguna de calidad ni de eficiencia para atención a los pacientes, objetivos de cualquier sistema de salud que respete sus derechos. El argumento de la transparencia tampoco es válido, porque los conciertos siempre han sido y deben ser públicos. Además, la farragosa ley foral de conciertos sanitarios y sociales no tiene utilidad alguna para los de salud. Una ley de ordenación sanitaria debe regular el papel de los hospitales públicos y de los privados, y fijar los procedimientos, y los criterios para su integración en la red, la compensación por sus servicios y el marco jurídico de su relación con el sistema público. Mientras no se disponga de una ley foral de ordenación sanitaria que contemple aspectos como los aquí expuestos, la calidad y sostenibilidad de nuestro sistema de salud estarán entredicho.

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Se hace imprescindible la creación de una red de hospitales públicos y privados que cooperen entre sí y que compitan por la calidad y eficiencia de sus servicios

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