El Gobierno no puede aferrarse por más tiempo a la ficción de que la sostenibilidad del sistema a largo plazo está asegurada sin necesidad de intervenir en sus ingresos y gastos con actuaciones no siempre indoloras, aplazadas sine die para eludir el riesgo de desgaste político y ya inaplazables ante el acelerado deterioro de sus cuentas y la inminente jubilación de la generación del baby boom. El acuerdo con la Comisión Europea por el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se compromete a ampliar el periodo de cálculo -fijado ahora en 25 años- a cambio de los millonarios fondos para la recuperación poscovid pone a España ante el espejo de la realidad. La medida, guardada en secreto durante meses, equivale en la práctica a una rebaja de las nuevas prestaciones, cuyo alcance dependerá de la eventual inclusión de mecanismos para amortiguar sus efectos. El contrato firmado con Bruselas acaba en parte con las ambigüedades en las que se mueve el Gobierno en este terreno. El alargamiento de los años sobre los que se determina la cuantía de las pensiones amenaza con abrir un nuevo conflicto entre los socios de la coalición y ya ha rebelado a los sindicatos. Tras aparecer en un borrador inicial, Unidas Podemos, CC OO y UGT arremetieron contra esa fórmula, luego desechada y que “ni ha existido ni existirá” en palabras del ministro José Luis Escrivá, en cabeza ahora del coro de voces que la defienden por razones de “equidad”. Con su comportamiento errático y oscurantista, el Ejecutivo dificulta un amplio consenso. Es hora de plantar las cartas sobre la mesa en vez de hacer trampas al solitario. Uno de los principales desafíos de este país consiste en asegurar unas prestaciones dignas a los trabajadores que financian las actuales con sus cotizaciones y reivindican con toda justicia contrapartidas a la altura del esfuerzo realizado cuando lleguen a la edad de jubilación. Tal objetivo es factible, aunque requiere ajustes que han de respetar la solidaridad entre generaciones. De la responsabilidad de los partidos y los agentes sociales cabe esperar progresos que blinden con el menor coste posible un pilar básico del Estado de Bienestar, cuya defensa es una obligación de todos.