Ponerle coto a la interinidad en la Administración es una de las exigencias de Bruselas a la que el Gobierno de Sánchez trata de dar respuesta. Pero el camino elegido suena más a un sin sentido que a otra cosa. Decidir entre PSOE, ERC y PNV que los interinos que lleven cinco años en el puesto se conviertan en funcionarios genera múltiples reservas jurídicas y de sentido común. ¿Y el derecho del resto de los ciudadanos a acceder a estos puestos? ¿Cinco años es un plazo razonable para esta excepción tan clamorosa? Además, el acuerdo también genera desasosiego en los miles de interinos que no saben a qué atenerse. Hay miles de interinos en Sanidad y Educación con muchos años de antigüedad pero que han ocupado distintos puestos y que se preguntan qué pasará con ellos. Los sindicatos, a su vez, dudan de las garantías jurídicas, y con toda la razón. Miles de trabajadores siguen en vilo, y los vaivenes del Gobierno de Sánchez sólo generan incertidumbre. La conversión en fijos del personal eventual de la Administración sin más requisitos que el tiempo debe ser algo puramente excepcional, estar muy justificado y ofrecer la máxima transparencia y seguridad jurídica. Y esta enmienda no aporta ninguna de las tres certezas necesarias.