Diario de Navarra

Resulta que, al final, el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin va a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. En su artículo publicado en estas mismas páginas el pasado 23 de julio, bajo el título ‘El fiasco de las viviendas vacías’, el representante de Navarra Suma nos censuraba el escaso número de pisos que están ya inscritos en el recién creado registro de viviendas deshabitadas. Más de 800 viviendas han pasado los primeros trámites administrativos -lentos, quizás sí, pero precisamente por ser escrupulosamente garantistas para las personas propietarias- con la pretensión de incorporarlas al nuevo registro, pero más de 3.000 han sido identificadas con indicios de inhabitabilidad, pendientes de tramitar, y otras muchas se irán chequeando en los próximos meses. Un pormenorizado trabajo de procedimiento administrativo del que ha comenzado a derivarse, por fin, una contabilidad efectiva de viviendas deshabitadas. Algo que era necesario acometer después de 20 años sin hacerse ningún esfuerzo en este sentido y sin que se hubiera creado registro alguno, porque al parecer no interesaba. La prioridad era entonces más ladrillo, más revalorización y más producto de mercado inmobiliario. La propiedad y la inversión primaba sobre la función social de la vivienda. Y este registro de viviendas es también un pormenorizado trabajo que ha comenzado a realizarse a pesar del empeño de la coalición derechista -y particularmente de Sánchez de Muniáin- por poner zancadillas con denuncias altisonantes y argumentos fatuos que no han merecido la consideración de la Agencia de Protección de Datos, que desestimó todas las excusas. Decía que se trataba de la paja en el ojo ajeno porque la creación del registro de viviendas deshabitadas es, qué duda cabe, un paso importante. Pero los pisos vacíos no son, ni de lejos, el principal problema que tiene Navarra en materia de vivienda ni su registro va a ser tampoco la panacea. Ahora mismo, el problema más inmediato es que, para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna para todas las personas -también para quienes no pueden o no quieren pagar un piso en propiedad-, urge aumentar la oferta de vivienda de alquiler asequible. Y es en lo que está empeñado este Gobierno por tres vías: el intento de captar para la Bolsa de Alquiler pisos en desuso que se puedan detectar, sí; pero también -y sobre todo- el esfuerzo por aumentar el parque público de vivienda -en esta legislatura se va a llegar a duplicar, en promoción directamente pública y no privatizando ese negocio, como en el modelo imperante en décadas pasadas- y, finalmente, la concesión de ayudas al alquiler para jóvenes, familias de ingresos escasos y personas en desempleo o situación de precariedad laboral. Este es el debate de fondo que pretende eludir la cruzada de defensa del derecho a poseer pisos vacíos. La Ley Foral de Vivienda de 2016 y la Ley Foral del Derecho Subjetivo a la Vivienda de 2018 pusieron las bases para instaurar un cambio de paradigma que deja de entender la vivienda como un bien de consumo o ahorro y sí como un derecho básico de la ciudadanía. Este cambio sustancial no es sólo filosofía -que también, y hasta con un componente ideológico-; son resultados concretos y palpables: en estos últimos cinco años, y por las tres vías que he citado (promoción pública, ayudas al alquiler y pisos cedidos), las políticas del Gobierno han posibilitado aumentar la oferta de alquiler asequible concretamente en nada menos que 4.676 viviendas. Un incremento sin precedentes que resulta de sumar el plan Navarra Social Housing de promoción pública en régimen de arrendamiento, algo a lo que se renunció totalmente en legislaturas anteriores; la evolución que, a partir de las medidas activadas en 2016 y 2017, ha experimentado el programa de la Bolsa de Alquiler -tan denostado por Sánchez de Muniáin- hasta casi duplicarse; y las ayudas para jóvenes y familias vulnerables de los programas EmanZipa y David, inexistentes hasta 2018. Claro que hace falta más vivienda de alquiler protegido y captar más pisos vacíos para su arrendamiento. En eso llevamos seis años -dejando atrás épocas en las que se fiaba todo a las urbanizaciones en nuevos suelos, de vivienda libre y en propiedad- y en eso seguimos. Y por añadidura, creando ahora también un registro de pisos deshabitados con las primeras inscripciones, que al parlamentario de Navarra Suma le pueden parecer escasas, pero que hasta ahora eran nulas. Termino con datos concretos. Claro que Navarra es una de las comunidades donde más crecen los demandantes de VPO. Por la sencilla razón de que es también la comunidad donde más ha crecido la oferta de VPO. Durante el período 2016-2020 (según los últimos datos del INE), Navarra ha pasado a liderar el ranking de VPO en el Estado. Con una tasa de 33 viviendas protegidas por cada diez mil habitantes, sobrepasa a Madrid (25) y Euskadi (23) y triplica al resto de las CCAA, que se quedan por debajo de 10. Y en promoción de vivienda protegida de alquiler, Navarra repite este liderazgo, por delante de Euskadi, Madrid y Cantabria y a años luz del resto. Insisto: no es sólo filosofía o ideología (que también); son, además, resultados. José María Aierdi Fernández de Barrena Vicepresidente y Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra

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"Hace falta más vivienda de alquiler protegido y captar más pisos vacíos"

Claro que hace falta más vivienda de alquiler protegido y captar más pisos vacíos para su arrendamiento, y en eso llevamos seis años

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