El presidente Sánchez mostró ayer en el Congreso el límite que tiene el diálogo y la negociación que su Gobierno trata de emprender con el de la Generalitat, al afirmar que el PSOE no pasará por “un referéndum de autodeterminación”. No lo podría hacer aunque se empeñase en ello, porque requeriría una reforma constitucional que contase con tres quintas partes de la Cámara Baja y el refrendo en toda España. Nadie en el Congreso se sorprendió por la declaración del presidente, ni siquiera los grupos independentistas. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, optó por tomarse a broma la aseveración para no restar valor a la mesa que se reinaugurará en septiembre. Y la dirigente de Junts, Míriam Nogueras, aprovechó para certificar que la anunciada negociación no servirá para nada de lo que pretende el partido de Puigdemont, que integra también el gobierno de la Generalitat. Tampoco nadie se extrañó de que ERC y Junts, socios a partes iguales, confirmasen en el pleno parlamentario diferencias que comprometen la estabilidad del Ejecutivo presidido por Aragonés, que solo podrá mantenerse aferrándose ambos al mandato del 1-O. Pero dado que el referéndum independentista y la autodeterminación no caben en la Constitución, no se entiende el sentido que pueda cobrar una mesa de diálogo y negociación, pretendidamente “entre iguales”, requerida por ERC y que parece asignada a segundos espadas. Es a partir de ahí que algunas fuentes socialistas tratan de dar pábulo a la eventualidad de alcanzar un acuerdo para la reforma del Estatuto catalán que resulte transitoriamente satisfactorio para el independentismo y acabe desescalando el procés mediante el correspondiente referéndum. Pero resulta muy difícil imaginar una propuesta de cambio así que no desbordase el marco constitucional. E imposible que no condujera a la revisión de todos los demás Estatutos, como ocurrió tras 2006 con excepción del de Euskadi. Sánchez recurre al argumento de que la mesa de diálogo ha de partir de una conversación previa entre las fuerzas políticas catalanas. Pero, en reciprocidad, al presidente le correspondería hacer lo propio con los grupos del Congreso. Algo que parece una quimera visto el Pleno de ayer.