La reunión entre el presidente Pedro Sánchez y el de la Generalitat, Pere Aragonès, convirtió la mesa de diálogo que preconizaba ERC en una ‘mesa de negociación’ “entre iguales” sobre el “conflicto político de fondo entre Cataluña y España”, fijando su convocatoria para la tercera semana de septiembre, y anunciando para julio la cita de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado como dos espacios diferenciados. Las relaciones entre el Ejecutivo central y el Gobierno de la Generalitat cuentan con tres instancias consagradas por el Estatuto de Autonomía, además de la Comisión Mixta de Transferencias: la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat y la Comisión sobre Inversiones Estatales en Infraestructuras en Cataluña. Instancias a las que no se ha recurrido durante los últimos diez años. La crisis catalana ha desbordado de tal manera la normalidad institucional, que hoy se presenta como natural recurrir a un punto de encuentro extraordinario propicio al enredo. Un ámbito extraestatutario y extraconstitucional que los independentistas necesitan para plantear aquellas demandas que no tienen encaje en el marco legal vigente, como la amnistía, el referéndum secesionista, la extensión de la indulgencia gubernamental a los fugados de la Justicia y el sobreseimiento fáctico para las responsabilidades contraídas por el uso ilícito de fondos públicos. El independentismo más proclive a la unilateralidad y receloso con la conducta de ERC -Junts, CUP, la ANC y Òmnium- desconfía de que en esa mesa de negociación pueda obtener algún avance tangible hacia la desconexión de Cataluña respecto al Estado constitucional. Ni los indultos, ni las rogativas de concordia, pueden soslayar el abismo existente entre una visión unitaria de la España plural y la concepción homogeneizadora y unívoca de la nación catalana en clave secesionista. Pero las pretensiones maximalistas del independentismo gobernante no deberían situar a la Generalitat en una posición de ventaja en la negociación sobre los presupuestos 2022 o el reparto de los fondos europeos respecto a las demás comunidades autónomas.