El Consejo Interterritorial de Sanidad se reunió ayer a falta de once días para que expire la prórroga del estado de alarma vigente desde el pasado de noviembre en el que se fundamentan las restricciones para contener el avance del virus. El Gobierno insiste en su propósito de prescindir de ese recurso constitucional a partir del 9 de mayo. Pero no acaba de razonar con argumentos precisos los motivos de su decisión. Da por descontado que en esa fecha la incidencia del covid habrá experimentado una mejora sustancial en nuestro país. Pero a día de hoy, comunidades como la navarra se encuentran con una incidencia pandémica muy por encima de lo deseable, la evolución en los próximos días sigue siendo incierta y los gobiernos autonómicos no saben qué medidas podrán adoptar dentro del marco jurídico común.

El Ejecutivo de Sánchez se remite a la existencia de una legislación ordinaria que, según da por supuesto, permitiría a las comunidades adoptar cuantas medidas sean necesarias para atajar la pandemia. Pero no se atreve a anunciar expresamente que con el final del estado de alarma decaerán las limitaciones horarias y de movilidad que hoy rigen con carácter general. En tal caso solo podrá verse restringida la libertad de circulación de las personas que sean obligadas a mantener cuarentena por riesgo cierto de contagio. Ello invita a suponer que la postura del Ejecutivo responde en buena medida a criterios políticos, ya sea la proximidad del 4-M o su deseo de transferir a las autonomías toda la responsabilidad sobre el control del coronavirus.

Especialmente cuando, de pronto, sus portavoces dramatizan la pérdida de libertades que conlleva el estado de alarma, aunque su vigencia no implica necesariamente la aplicación de todas las restricciones posibles en todo el territorio nacional. Es lógico que los gobiernos autonómicos que lo consideren posible o conveniente traten de relajar las limitaciones en vigor. Pero, dado que la incertidumbre es común, sería más lógico que el Ejecutivo central promoviese otra prórroga del estado de alarma que flexibilizara su aplicación según los territorios.