El Gobierno ha acabado por rendirse ante la evidencia. La controvertida reforma legal por la que el PSOE y Unidas Podemos pretendían rebajar las exigencias para que el Parlamento elija a 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial será retirada, según anunció este martes el ministro de Justicia. La iniciativa abría la puerta a aprobar esos nombramientos con la mayoría absoluta del Congreso y el Senado, frente a los tres quintos que establece la normativa en vigor para garantizar que gozan de un amplio consenso y responden a criterios de pluralidad. La proposición de ley no solo es de una más que dudosa constitucionalidad, sino que ha suscitado firmes y reiteradas advertencias de la Comisión Europea al considerar que pone en peligro la independencia del Poder Judicial, uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. La resistencia de la formación morada a dar ese paso abre un nuevo frente en el Ejecutivo, aunque la rectificación en toda regla de los socialistas no deja lugar a equívocos. Por muy censurable que resulte el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ tras haber concluido hace dos años su mandato, la alternativa no puede consistir en un cambio de las reglas de juego que choca con el espíritu de la Carta Magna en una cuestión tan medular para medir la calidad de una democracia. Las mayorías cualificadas requeridas para la designación del órgano de gobierno de los jueces están previstas para forzar acuerdos transversales que doten de estabilidad al sistema y afiancen la separación de poderes. Sustituirlas por una mayoría absoluta, que Sánchez y sus socios están en condiciones de alcanzar, para nombrar un Consejo a su medida y sin el concurso de la primera fuerza de la oposición es una chapuza que nunca debió producirse. La Justicia no está sobrada de credibilidad como para que los partidos la sometan a un impúdico manoseo que perjudica su imagen de independencia y la confianza en las instituciones. Una vez se materialice el entierro de la proposición de ley, el PSOE y el PP han de pactar cuanto antes una renovación del CGPJ que restaure el prestigio de ese órgano y aleje cualquier sospecha de clientelismo político en el funcionamiento de los tribunales.